Vivienda y movilidad volverán a protagonizar el último pleno del Ayuntamiento de Málaga antes de la precampaña

El Ayuntamiento de Málaga celebra mañana su pleno ordinario del mes de julio en plena efervescencia política por la crisis de la vivienda, que vuelve a marcar la agenda municipal por enésimo mes consecutivo. Los cuatro grupos con representación en la Corporación (PP, PSOE, Con Málaga y Vox) han presentado hoy sus mociones urgentes y han avanzado sus posiciones sobre las iniciativas del resto de partidos, en una jornada previa que deja ya perfilado el mapa de apoyos y rechazos de cara a la sesión plenaria.

El debate sobre el acceso a la vivienda se combina con dos frentes abiertos por el Grupo Popular en materia de infraestructuras y costas, y con una moción de Vox centrada en la ocupación ilegal, en un pleno que promete ser, una vez más, un choque frontal entre el equipo de gobierno y una oposición que lleva meses insistiendo en el mismo diagnóstico sin encontrar respuestas coincidentes.

La vivienda, otra vez en el centro: dos mociones, dos enfoques

El problema de acceso a la vivienda lleva meses siendo, según reconocen prácticamente todos los grupos, la principal preocupación de los malagueños, y así lo confirman también los últimos datos del Barómetro del Centra, que sitúan esta cuestión como la number one entre andaluces y andaluzas. En este contexto, tanto Con Málaga como el PSOE han optado por atacar el problema desde ángulos distintos, aunque complementarios.

Con Málaga, a través de su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha registrado una moción urgente de doce puntos que pide al Ayuntamiento instar a la Junta de Andalucía a declarar Málaga zona de mercado residencial tensionado, una medida amparada por la Ley 12/2023 que, según defiende la formación, ya ha permitido bajadas de precios de hasta un 7% en otros municipios españoles donde se ha aplicado. Pero el punto más mediático de la moción es la petición de intervención municipal en el edificio de Avenida de Europa 15, donde 23 familias (muchas de ellas tras décadas viviendo en el inmueble y arraigadas en el barrio de Huelin) afrontan la no renovación de sus contratos de alquiler desde que una sociedad mercantil adquiriera la propiedad.

Morillas ha recordado que el alcalde ya se comprometió hace cuatro meses, en el pleno de marzo, a mediar en el conflicto, compromiso que la formación denuncia como incumplido: "Es que en Málaga es más fácil especular con una vivienda que alquilar". Antes de entrar en materia de vivienda, la portavoz adjunta también ha reclamado la convocatoria urgente de un Comité de Crisis provincial ante los preocupantes datos de violencia machista registrados este verano en Málaga. Posteriormente, en el turno de preguntas, el concejal Nico Sguiglia ha cargado con dureza contra el modelo urbanístico del gobierno municipal, acusando al PP de favorecer sistemáticamente la especulación inmobiliaria y calificando las moratorias turísticas del equipo de gobierno de papel mojado.

El PSOE, por su parte, con Mariano Ruiz Araujo como único portavoz en la comparecencia, ha centrado su moción urgente en la protección del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), una herramienta que los socialistas consideran clave para intervenir en el mercado residencial y que, denuncian, el equipo de gobierno viene utilizando como simple fuente de financiación municipal en lugar de destinarla a vivienda pública.

Los datos que maneja el PSOE son contundentes: el Ayuntamiento ha presupuestado la venta de suelo público por casi 94 millones de euros entre 2024 y 2026, mientras que la aportación del PMS a la Sociedad Municipal de Viviendas ha caído de 5,6 millones en 2024 a apenas 255.700 euros en 2026. El ejemplo más reciente es la parcela de La Térmica, de más de 16.000 metros cuadrados, cuya licitación para uso hotelero quedó desierta tras salir al mercado por 33 millones de euros, y que el PSOE propone reconvertir en suelo residencial. Ruiz Araujo ha resumido así la filosofía de la moción: "Quien controla el suelo, controla la ciudad".

Frente a ambas iniciativas, el alcalde, Francisco de la Torre, ha dejado claro que el equipo de gobierno no las respaldará, aunque ha matizado que comparte parte del diagnóstico: "Nuestra postura no va a estar a favor de las soluciones, compartiendo la inquietud, pero no la herramienta de solución". De la Torre defiende que el problema de fondo es la falta de oferta de vivienda y ha reivindicado el modelo de colaboración público-privada del Consistorio, con ejemplos como las viviendas asequibles impulsadas junto a Lagoom Living.

Vox, por su parte, adelanta que apoyará la moción socialista sobre el PMS (recordando que fue el propio partido quien primero defendió la producción pública de vivienda), aunque cuestiona que el Ayuntamiento tenga capacidad real para gestionar más suelo. En cambio, rechazará la moción de Con Málaga por considerar que traslada a los propietarios la responsabilidad de una crisis que, a su juicio, han generado las políticas de vivienda del Gobierno central.

Vox pone el foco en la ocupación ilegal

Al margen del debate sobre el acceso a la vivienda, Vox lleva al pleno una moción propia centrada en el fenómeno de la ocupación ilegal, firmada por la concejala Yolanda Gómez. La iniciativa se apoya en el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre PP y Vox en Andalucía y pide, entre otras medidas, un convenio con el Colegio de Abogados de Málaga para asesorar a los propietarios afectados, la exclusión de quienes ocupen ilegalmente del acceso a vivienda protegida y ayudas públicas, y la creación de una unidad específica de policía de barrio contra la ocupación.

Gómez ha puesto rostro a la reivindicación denunciando el caso de dos hermanos que llevan casi diez días viviendo en la calle sin poder recuperar una vivienda de su propiedad que permanece ocupada desde 2024: "¿Cómo es posible que se proteja a una persona vulnerable y se cree a su vez otra persona vulnerable?". Al compartir gobierno en la Junta de Andalucía, PP y Vox coinciden en el planteamiento de fondo, por lo que la moción parte con opciones reales de salir adelante, mientras que PSOE y Con Málaga ya han anticipado su rechazo frontal, al considerar que criminaliza a las familias vulnerables y desvía el foco del verdadero problema habitacional.

El PP lleva la movilidad y la reforma de Costas al pleno

El Grupo Popular, con el alcalde Francisco de la Torre como único compareciente, presenta dos mociones urgentes propias. La primera reclama al Gobierno de España que actúe tras "dos años sin avances" en infraestructuras clave para la provincia, pese a los compromisos adquiridos en la cumbre de movilidad de julio de 2024: el tren litoral, la duplicación de vía de la C-1 de Cercanías, la mejora de la A-7 o el desbloqueo del Acceso Norte al aeropuerto. El PP contrasta la falta de inversión estatal en Málaga con los más de 10.000 millones destinados a Cataluña en materia ferroviaria y de transporte.

La segunda moción popular pide paralizar la reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, en defensa de los chiringuitos y demás establecimientos del litoral, alegando falta de diálogo y transparencia en la tramitación y respaldando la posición de la Junta de Andalucía, que ya ha solicitado detener el proceso.

Vox ha confirmado que apoyará ambas mociones del PP, mientras que el PSOE se ha mostrado especialmente crítico con la de costas, a la que Ruiz Araujo ha calificado directamente de "camelo" destinado a confundir sobre la falta de concurrencia competitiva en las concesiones de chiringuitos. Con Málaga, por su parte, ha cuestionado el planteamiento de la moción de movilidad sin cerrar todavía su posición de voto.

Con las posturas ya prácticamente definidas antes de que arranque la sesión, el pleno de mañana se perfila como un nuevo episodio del pulso entre el equipo de gobierno del PP y una oposición que, mes tras mes, insiste en el mismo diagnóstico sobre la vivienda sin lograr traducirlo en acuerdos compartidos.

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