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Acogida

Trasladan desde Málaga a 49 solicitantes de asilo a un centro de emergencia en Almería

El grupo está formado exclusivamente por adultos y ha sido alojado en el antiguo Centro de Menores de Cuesta Blanca, en Purchena. Los ayuntamientos de la zona denuncian falta de información previa sobre la apertura del recurso

Panorámica de Purchena, donde han sido trasladados a 49 solicitantes de asilo procedentes de Málaga.

Panorámica de Purchena, donde han sido trasladados a 49 solicitantes de asilo procedentes de Málaga. / Europa Press

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Un total de 49 personas adultas solicitantes de protección internacional han sido trasladadas desde un centro de Málaga hasta Purchena (Almería), donde han sido alojadas en el antiguo Centro de Menores de Cuesta Blanca. La activación de estas instalaciones como recurso de emergencia humanitaria ha generado malestar entre los ayuntamientos de la zona por la información recibida sobre su puesta en funcionamiento.

La situación trascendió después de difundirse fotografías de la llegada de personas al inmueble, que hasta entonces permanecía vacío. Los ayuntamientos de Purchena, municipio en el que se encuentra el centro, y Olula del Río aseguraron inicialmente tener un "total desconocimiento" de la operación.

Ambos consistorios señalaron que no tienen competencias sobre el recurso, aunque reclamaron a las administraciones responsables "información, transparencia y lealtad institucional". Desde Purchena sostuvieron además que el Ayuntamiento no había recibido "comunicación ni información previa alguna" y trasladaron la preocupación surgida entre parte de los vecinos ante la falta de datos sobre el centro.

Un recurso del sistema de acogida para emergencias

La Subdelegación del Gobierno en Almería explicó que las instalaciones se han habilitado dentro del sistema nacional previsto para responder a situaciones de emergencia derivadas de las llegadas a las costas españolas.

Según la información facilitada por el Ejecutivo, las plazas forman parte del Programa de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Ante las críticas por la supuesta falta de comunicación, el Gobierno afirmó que "las administraciones implicadas son conocedoras del traslado por la ONG encargada de la gestión".

Esta versión ha sido cuestionada este miércoles por el Ayuntamiento de Olula del Río. El Consistorio ha explicado que, después de mantener una reunión con Engloba, la asociación encargada de gestionar el recurso, el primer contacto con los ayuntamientos se habría producido este mismo miércoles.

Son adultos solicitantes de asilo trasladados desde Málaga

El Ayuntamiento de Olula del Río ha difundido también varios datos sobre las personas alojadas en las instalaciones con el objetivo de evitar rumores e informaciones no contrastadas.

Según el Consistorio, se trata de 49 adultos solicitantes de asilo procedentes de un centro de Málaga. El Ayuntamiento descarta expresamente que entre ellos haya menores no acompañados y también que sean personas trasladadas desde Ceuta.

Las instalaciones dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se encuentran en un inmueble privado perteneciente a la empresa Ginso. El recurso ofrece atención integral y orientación laboral y dispone de un horario de cierre nocturno.

El Ayuntamiento de Olula del Río ha pedido calma a la población, aunque considera que la falta de información previa ha contribuido a generar preocupación entre los vecinos.

Asimismo, ha precisado que una reciente actuación de la Policía Local en la zona estuvo motivada únicamente por la presencia de varias personas en la calzada. Estas abandonaron el lugar tras la llegada de la Guardia Civil.

Vox lleva el traslado al Congreso

La apertura del centro ha llegado también al ámbito parlamentario. La diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha registrado varias preguntas en el Congreso para reclamar al Gobierno información sobre el coste económico del recurso, el número de personas alojadas y el punto por el que accedieron a España.

De Meer ha criticado la decisión del Ejecutivo y ha afirmado que los vecinos pagan "las consecuencias de las políticas criminales de este Gobierno": "Ni uno más. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No los queremos aquí".

La diputada también ha cuestionado la financiación de las ONG vinculadas a estos programas y ha reclamado que no se destine dinero público a lo que denomina "la industria de las fronteras abiertas".

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