Caso Grupo Vera: tres años de investigación y un expolio que alcanza ya 160 millones

De ser una de las grandes constructoras de Málaga a convertirse en el epicentro de una trama por un expolio millonario. Así es el caso del Grupo Vera, la constructora de cuyas sociedades se habrían desviado bienes y fondos que la Policía Nacional cifra ya en 160 millones de euros, mediante una presunta trama que habría actuado antes del concurso de acreedores y durante su posterior liquidación. Tres años de una investigación que sigue abierta y que, en su segunda fase, ha permitido desarticular la que los investigadores consideran la "matriz" de la trama y detener a otras diez personas.

Operación 'Drave'

La investigación que desembocaría en la operación 'Drave' comenzó en 2023, a raíz de una denuncia presentada ante la autoridad judicial. Su primera fase se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones.

En este operativo fueron detenidas siete personas, entre las que se encontraban el exdirector financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para intervenir en la liquidación de la masa concursal. Además, otras cuatro personas quedaron investigadas, entre ellas el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, quien ocupó el cargo de auxiliar delegado del administrador concursal en Draba, una de las sociedades del Grupo Vera inmersas en el procedimiento concursal.

La presencia del administrador concursal entre los investigados resulta especialmente relevante por la función que desempeñaba: debía velar por la conservación de los bienes de las empresas y garantizar que su liquidación sirviera para atender las deudas con los acreedores.

La Policía Nacional pudo constatar en esta primera fase numerosas operaciones que supuestamente escondían fondos desviados desde las sociedades concursadas hacia otras recién creadas por la organización, a través de supuestos servicios prestados y bajo el concepto de "facturas". En la práctica, según los investigadores, ese dinero era posteriormente utilizado para adquirir activos procedentes de los propios concursos.

Segunda fase de la operación

La llamada operación Drave II investiga otra estructura que la Policía considera "distinta y autónoma", aunque relacionada con la anterior, que operó de forma paralela y que se habría valido de una "alianza estratégica" con la administración concursal para obtener activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los impulsores de la trama, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial.

En esta segunda fase han sido detenidas otras diez personas y hay dos investigadas más. Entre ellas aparecen especialmente personas vinculadas familiarmente con los fundadores del grupo. A través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, presuntamente habrían promovido, con actuaciones previas y paralelas al concurso, numerosas operaciones fraudulentas de vaciamiento patrimonial y desvío de fondos, según la Policía.

Esta supuesta colaboración habría permitido el control y la manipulación de los activos desde dentro de los procedimientos concursales, sentando las bases de una operativa destinada a sacar patrimonio de las sociedades.

Los investigadores distinguen dos momentos en este presunto vaciamiento. Antes del concurso, se habrían sacado bienes por valor de más de 28 millones de euros mediante la simulación de contratos de prestación de servicios, utilizada, según la Policía, para eludir embargos inminentes de Hacienda; transferencias de capital a empresas de los investigados; y ventas fraudulentas de activos inmobiliarios realizadas en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal.

El vaciamiento habría continuado posteriormente, cuando las sociedades ya se encontraban en fase de liquidación y sus bienes debían servir para pagar a los acreedores. En esta etapa, la Policía calcula una descapitalización de más de 30 millones de euros adicionales mediante la adquisición de inmuebles y carteras de créditos en subastas supuestamente adulteradas y ventas directas que no habrían cumplido los requisitos de publicidad establecidos.

En estas nuevas actuaciones se han intervenido joyas valoradas en más de 200.000 euros, se ha bloqueado un millón de euros en nueve entidades bancarias y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global de las dos fases, la Policía cifra el presunto expolio a las sociedades concursadas en 160 millones de euros en bienes de la masa activa. Una cantidad incluso superior a la deuda impagada a los acreedores, situada en torno a los 150 millones de euros.

La quiebra de la empresa

El Grupo Vera fue fundado en 1941 por Juan Vera, y en 1969 se afianzó Construcciones Vera. El grupo familiar consiguió consolidarse como un potente conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga. La empresa participó en grandes obras públicas y desarrollos inmobiliarios: tramos del Metro de Málaga, el AVE, actuaciones en el Parque Tecnológico, puertos deportivos como Cabopino o La Duquesa, aparcamientos, urbanizaciones y campos de golf, carreteras y autovías a lo largo de la región, además de más de 3.000 viviendas. Además, tenían negocios en Sudamérica, Portugal y el norte de África

El problema llegó con la crisis inmobiliaria de 2008 y los años posteriores. Algunos proyectos salieron mal, la obra pública se frenó y la empresa acumuló importantes problemas financieros, lo que la llevó a sumar una deuda de 76,5 millones de euros y a entrar en concurso de acreedores en 2013.

El concurso no supuso entonces la desaparición inmediata de la compañía. Vera alcanzó un convenio con sus acreedores que incluía una quita del 45% y pagos aplazados durante siete años, y fue afrontando los primeros vencimientos hasta que en 2017 no pudo hacer frente a un pago de tres millones de euros.

Esta situación terminó desembocando en una deuda pendiente de unos 40 millones de euros y dejó a más de 500 acreedores a la espera de cobrar. Ante la imposibilidad de seguir adelante, la compañía solicitó su liquidación en el Juzgado Mercantil de Málaga.

El grupo estaba formado por aquel entonces principalmente por Construcciones Vera, especializada en obra pública, y Draba, que agrupaba otras divisiones empresariales. Ambas sociedades entraron en liquidación.

En ese momento, la empresa todavía conservaba activos con los que intentar pagar parte de sus deudas: unos 300 inmuebles, solares, fincas, maquinaria y cinco contratos de obra pública vigentes, además de cantidades pendientes de cobrar por obras ya ejecutadas.

La administración concursal elaboró entonces un plan de liquidación para ordenar la venta de esos bienes y repartir el dinero obtenido entre los acreedores. Es decir, aunque la empresa ya no pudiera continuar con su actividad, todavía conservaba un importante patrimonio que debía utilizarse para afrontar las deudas pendientes.

Sin embargo, la investigación policial sostiene que parte de los activos había comenzado a salir de las sociedades incluso antes del concurso y que el supuesto vaciamiento continuó posteriormente durante el propio proceso de liquidación. Según la Policía, varias personas vinculadas a los antiguos responsables del Grupo Vera habrían conseguido que algunos de esos bienes, en lugar de generar ingresos para pagar a los acreedores, terminaran bajo su control o en sociedades relacionadas con ellos.

Grupo Vera llegó a tener, según los datos manejados en el procedimiento, un patrimonio valorado en torno a 314 millones de euros, frente a unas deudas de aproximadamente 227 millones en determinado momento. Sobre el papel existía, por tanto, un importante colchón patrimonial. Sin embargo, una parte sustancial de ese patrimonio habría terminado desapareciendo del circuito destinado a satisfacer las deudas.

La dimensión del supuesto saqueo resulta especialmente significativa frente a los alrededor de 150 millones de euros que quedaron impagados a los acreedores. La Policía eleva ya a 160 millones el valor de los bienes y fondos presuntamente expoliados de las sociedades, con compañías acreedoras y la propia Hacienda Pública entre los principales perjudicados.