La RLT de los socorristas de Málaga: "Esto no es solo un conflicto laboral, es un problema de control de un servicio público"

La Representación Legal de los Trabajadores (RLT) del servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas de Málaga capital ha hecho pública una carta abierta dirigida a la ciudadanía, al Ayuntamiento y a los responsables políticos en la que exige respuestas sobre el funcionamiento del dispositivo de seguridad en el litoral tras la muerte de una mujer de 80 años, cuyo cuerpo fue recuperado del mar el pasado 13 de agosto en una playa de El Palo.

El escrito sitúa el suceso en el contexto de un conflicto laboral que se prolonga desde mayo y que ha dejado ya una huelga indefinida, despidos de miembros del comité de huelga y sucesivas protestas en el Centro.

"No estamos hablando únicamente de un conflicto laboral"

Málaga cuenta con unos 14 kilómetros de litoral cuyo servicio de socorrismo fue adjudicado a la UTE formada por Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía (SSGA) y Atlantic Emergency por 2.712.755 euros para tres años, prorrogables por otros dos. El dispositivo previsto para temporada alta contempla dos coordinadores, cuatro patrones, 31 socorristas, seis motos acuáticas, dos ambulancias y personal sanitario.

La RLT asegura que durante toda la temporada ha remitido al Ayuntamiento informes periódicos, incluidos semanales, en los que se registraban "incidencias, deficiencias operativas, falta de medios, problemas de organización" y cuestiones relativas a los equipos de protección que, a su juicio, "podían comprometer la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios". "Las advertencias están registradas. Las incidencias están registradas. Las comunicaciones están registradas", subraya el escrito, que reclama saber qué hizo el Consistorio con esa información.

Dudas sobre la coordinación y la formación del personal

El texto pone el foco en la figura de los dos coordinadores del servicio, que se reparten la jornada entre las 10.00 y las 20.00 horas, y plantea una batería de preguntas sobre quién activa los recursos, quién controla los tiempos de respuesta o quién comprueba la operatividad de las motos acuáticas y la titulación de patrones y rescatadores. La RLT insiste en que la responsabilidad no debe recaer "sobre los trabajadores de primera línea", sino en los niveles de decisión organizativa, contratación y supervisión del servicio.

La carta se refiere al fallecimiento de una mujer de 80 años cuyo cuerpo fue recuperado del mar el pasado 13 de agosto frente a una playa de la calle Banda del Mar, en El Palo. Según informó entonces este diario, un aviso a Emergencias 112 a las 10.40 horas alertó de la presencia de un cuerpo en el agua, movilizando a Policía Local, Policía Nacional, Servicios de Playas y sanitarios del 061; finalmente fue rescatado por varias personas, entre ellas socorristas, que localizaron a la mujer flotando bocabajo a la altura de una boya, más allá de los espigones. Los sanitarios no pudieron hacer nada por ella, y los testigos apuntaron que presentaba signos de llevar ahogada al menos una hora antes de ser hallada.

Sobre ese dispositivo de emergencia activado aquel día, la RLT dice tener "muchas preguntas" y afirma haber hablado con varios de los socorristas que formaron parte del dispositivo esta temporada, sosteniendo que muchos comparten "cursos rápidos y nula formación en el mar". Por ello exige que se hagan públicas la titulación, la habilitación marítima y la formación específica de rescate de cada patrón y de los trabajadores encargados de las motos acuáticas.

Preguntas directas a Teresa Porras y a los responsables de supervisar el contrato

La carta interpela directamente a la concejala de Playas, Teresa Porras, para que informe del estado del expediente sancionador abierto a la empresa: cuándo se inició, por qué hechos, qué incumplimientos se investigan y en qué fase de tramitación se encuentra. La RLT también exige explicaciones a Margarita Romero Díaz y Juan Román, responsables municipales de supervisar el cumplimiento del contrato, sobre qué actuaciones de inspección y control se realizaron pese a los informes remitidos.

El escrito recuerda además antecedentes de conflictos laborales vinculados a SSGA y al Grupo SSG en otros puntos de España (Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Aragón), y calcula que, del contrato de tres años, el servicio efectivo prestado desde la entrada de la empresa el 28 de julio de 2025 hasta 2027 se reduce a unos 10 meses reales, concentrados en temporadas altas, Semana Santa y fines de semana.

Un conflicto que se prolonga desde mayo

La carta llega en pleno pulso laboral entre los socorristas y la UTE SSGA-Atlantic. El colectivo, convocado por CGT, ya se concentró el 5 de mayo frente al Ayuntamiento para reclamar mejoras en las torres de vigilancia (consideradas inestables y sin protección frente al sol o la lluvia), más medios en temporada baja y el cumplimiento del acuerdo del Sercla firmado el 3 de marzo, que había puesto fin a una huelga indefinida anterior. Ante la falta de respuesta, los socorristas iniciaron una huelga del 9 al 17 de mayo acompañada de concentraciones diarias de doce horas frente al Consistorio.

El 13 de mayo, CGT denunció ante los tribunales a la UTE por presuntamente contratar personal para sustituir a huelguistas, en supuesta vulneración del derecho de huelga, después de que un sustituto "apenas formado" dejara sin retirar una bandera verde en La Malagueta durante más de un día. El 15 de junio, la empresa despidió a seis de los ocho miembros del comité de huelga, despidos que CGT considera nulos, y días después el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción de Con Málaga para "perfeccionar" el expediente abierto a la UTE.

Con la nueva carta abierta, la RLT advierte de que "si mañana vuelve a producirse una situación grave, nadie podrá decir que no había información previa sobre las deficiencias denunciadas por los propios trabajadores", y reclama a los responsables políticos que respondan "con documentos, fechas y respuestas" antes que con "explicaciones políticas".