Tras unos días cargados de tensión por la «guerra de los comunicados», ayer se pudieron ver las caras en la Casona del Parque representantes del Ayuntamiento de Málaga y también del Málaga CF para limar asperezas y para negociar el pago de la deuda que le reclaman las instituciones públicas a la entidad blanquiazul por el arrendamiento de La Rosaleda.

La reunión técnica tuvo lugar en torno a las 12.30 horas y se prolongó casi una hora y media. A la cita acudió una comisión municipal encabezada por la directora general de Cultura, Deportes y Educación, Susana Martín, junto al director general adjunto del Málaga CF, Manuel Novo. Ambas partes expusieron sus diferentes propuestas para su posterior estudio, emplazándose a nuevos encuentros en el futuro.

Así, en estas próximas reuniones se seguirá avanzando para llegar a un acuerdo, según se indicó desde el Ayuntamiento, que plantea como alternativa al desembolso económico, tal y como ya apuntó este pasado lunes el alcalde, Francisco de la Torre, la utilización de la imagen del club como refuerzo de la proyección turística de la ciudad.

La reunión, según señalaron desde el Consistorio malagueño, se desarrollo en «un ambiente de diálogo y colaboración», siendo el objetivo «seguir avanzando para llegar a un acuerdo en las propuestas planteadas».

El alcalde ya afirmó que la deuda del Málaga CF con las tres administraciones propietarias de La Rosaleda -el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía- podría alcanzar los 1,6 millones de euros. Sin embargo, el Málaga también apostó días atrás por adquirir el estadio blanquiazul en propiedad además de comenzar las obras de la Ciudad Deportiva una vez que conozca exactamente la parcela que dispone para ejecutar las obras.

Sobre la venta del estadio de fútbol, De la Torre dejó claro que no es posible por cuestiones legales al ser un equipamiento. Lo que sí se podría hacer, añadió, es «una concesión a muchos años y buscar fórmulas que estabilicen al club para que no haya agobios económicos».

El Málaga conoció en febrero a través de una carta que las tres instituciones le reclaman el uso del estadio en los últimos nueve años, es decir, 1,6 millones de euros.