El administrador del Málaga CF, investigado en la causa del Grupo Vera

El administrador judicial del Málaga CF aparece como investigado en la causa del Grupo Vera, una trama acusada de expoliar más de 100 millones de euros en el proceso concursal de dicha empresa allá por 2017. José María Muñoz ocupó el cargo de auxiliar delegado del administrador en Draba, una de las tres sociedades inmersas en el concurso, y a raíz de un informe policial quedó señalado como investigado, habiendo prestado ya declaración ante la Policía el pasado 17 de septiembre.

José María Muñoz declaró hace un mes en dependencias policiales, sin presencia del juez ni el fiscal. Según fuentes próximas a la investigación, el actual administrador del Málaga CF ya ha solicitado en dos ocasiones comparecer ante el juez para aclarar su cometido en el proceso de disolución del Grupo Vera. Muñoz figuró como auxiliar del administrador, un cargo en el que no tenía acceso a las cuentas de la entidad ni tenía poder de firma, señalan fuentes consultadas. Todo eso es lo que pretende aclarar ante el juez, en una declaración que todavía no se ha producido.

En toda esta trama ya se han producido siete detenciones y registros en viviendas de otros acusados. No es el caso de José María Muñoz, al que se le han intervenido las cuentas de manera preventiva mientras avanza la investigación y se siguen produciendo las actuaciones, según adelantó Málaga Hoy.

Investigación

La investigación iniciada hace meses culminó con la detención de siete personas, entre ellas el exresponsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal y un proveedor de servicios y su pareja sentimental, atribuyéndoles en función de su implicación los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes efectuaron cuatro registros en la provincia: dos en la capital, uno en Marbella y en Casarabonela. En el domicilio del administrador concursal del Grupo Vera se intervinieron 426.000 euros en efectivo, si bien en esta fase también se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros. Se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.

Trama iniciada en 2017

La investigación, realizada por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Las pesquisas revelaron que la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades de un conocido grupo de la construcción en la provincia, perdurando en el tiempo durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.

A lo largo de la investigación, los agentes detectaron numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal de aquel procedimiento, "actuando contra los intereses legítimos de las empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del precio de mercado", según la Policía Nacional. La versión policial añade que "dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización" y que "imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo".

Información privilegiada

Los agentes consideran demostrada "la acción conjunta y connivente" con el exdirector financiero del grupo empresarial, el cual "partía con información privilegiada sobre los activos de gran valor propiedad de las empresas concursadas, aprovechando su situación para dirigir los bienes más preciados hacia empresas gestionadas por la organización criminal". Para lograr su objetivo, los sospechosos habían creado "un entramado paralelo" de compañías que figuraban a nombre de familiares de los principales investigados.

La Policía Nacional asegura haber constatado numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización "por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de facturas”, que en la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros.

Finalmente, el concurso finalizó sin poder hacer frente a las deudas que pesaban sobre las sociedades del grupo empresarial, aún contando con un patrimonio millonario, valorado en el plan de liquidación y presentado por el administrador concursal en 200 millones de euros.