El Ayuntamiento de Marbella tiene sobre la mesa un total de 117 sentencias firmes pendientes de ejecución. Estos fallos judiciales anulan las licencias urbanísticas concedidas por el gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal durante su mandato y que autorizaron la construcción de 5.110 viviendas. Además de otros cuatro hoteles, tres complejos residenciales y varios locales comerciales.
La ejecución de estas órdenes judiciales persigue «el restablecimiento de la realidad física alterada», que no es ni más ni menos que la demolición de estos edificios. En su mayoría, por ocupar un suelo previsto para un equipamiento público o para una zona verde, según la documentación a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
El caos urbanístico en el que se ha encontrado la ciudad en los últimos 18 años ha dejado sobre el tejado del actual gobierno local del PP una difícil herencia. La intención de los populares ha sido solventarla mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en vigor desde el pasado 21 de mayo.
El nuevo planeamiento legaliza 16.500 del total de 18.000 inmuebles irregulares o que no se ajustaban al PGOU vigente en el momento de su edificación, el aprobado en 1986. Ante esta legalización prácticamente masiva y pactada por el Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía, no es de extrañar que muchas de estas sentencias hayan quedado en un cajón.
Defensa de la buena fe
El Consistorio marbellí mantiene alrededor de una veintena de procedimientos abiertos para no ejecutar otras tantas sentencias de demolición. Para ello, se basa en la situación actual: son inmuebles legalizados en el nuevo Plan General.
A este respecto, la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha manifestado públicamente en multitud de ocasiones su intención de proteger a los denominados «terceros de buena fe». Es decir, a los compradores de las viviendas ilegales. En total, unos 50.000 afectados.
La no ejecución de sentencias le ha traído algún quebradero de cabeza a la regidora. Una comunidad de propietarios denunció al Ayuntamiento en 2007. Aportaron cuatro procedimientos en los que consta que el Consistorio no ha actuado para ejecutar la sentencia. Hechos que podrían encajar en supuestos delitos de prevaricación y desobediencia, siempre según la letrada de la comunidad.
Un año más tarde, la Fiscalía de Málaga señalaba que no había indicios de delito y archivaba la denuncia planteada por estos vecinos de Marbella.
La revisión de oficio de las licencias urbanísticas otorgadas durante el mandato del GIL y declaradas ilegales es otro tema pendiente para el Ayuntamiento, que acumula tres condenas por no actuar en este sentido.
Su postura ha sido clara. Siempre las han recurrido. Los responsables municipales siempre argumentaron que la revisión de oficio no era el mejor camino para legalizar el ingente número de viviendas ilegales. De entrada, porque no había dinero. Revisar de oficio los permisos obtenidos es el mecanismo legal que permite declarar nulas estas autorizaciones y perseguir a sus promotores, en opinión de los socialistas, que han defendido durante todo este tiempo esta fórmula.
Para los responsables de Urbanismo de la localidad, comenzando por la abogada y ex edil Alba Echevarría, revisar es el primer paso para demoler. Si un acto administrativo, como la concesión de un permiso, se declara nulo de pleno derecho, «hay que iniciar un expediente de demolición para reponer la legalidad y volver a la situación de partida, esto es, derribar lo que nunca debió existir», explicó en su día a este diario.
Asimismo, si el Ayuntamiento reconoce que autorizó lo que nunca debió ser autorizado, genera responsabilidades. En definitiva, se le pueden venir encima un buen número de demandas para hacer frente a los perjuicios ocasionados a los particulares. «Si no se revisan esos permisos, el constructor sigue teniendo un documento que reviste de legalidad los edificios y , por tanto, no se va a preocupar de negociar las cargas urbanísticas que permitirían la normalización de las viviendas», sostiene el PSOE.
Ésta es la disyuntiva. Nadie, ni Ayuntamiento ni Junta y en muchos casos ni siquiera los afectados, ha reclamado la responsabilidad del promotor. Ahora, un PGOU pide compensaciones para transformar lo ilegal en legal y la pregunta es: ¿quién las paga?
