Marbella empieza a recuperar su riqueza a golpe de sentencia. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta a su favor con una docena de fallos judiciales definitivos. Fruto de todos ellos, las arcas municipales ya pueden embolsarse un total de 32,2 millones de euros en concepto de indemnización. Existe el derecho de cobro, la dificultad radica en encontrar y cobrar ese dinero.

La mayoría, por no decir la práctica totalidad, de las sentencias favorables que acumula el Consistorio están dictadas por el Tribunal de Cuentas. El mayor órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado condena en once ocasiones a los distintos miembros y acólitos de la etapa del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) a devolverle un total de 5,3 millones de euros a la ciudad.

El ex alcalde Julián Muñoz, el ex concejal Esteban Guzmán y el abogado Modesto Perodia deberán afrontar la indemnización más cuantiosa de las que fijan estas once sentencias firmes por alcances contables. En concreto, establece recuperar 2,8 millones desviados de los fondos públicos y no justificados.

Sentencia por Saqueo I

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 25 de enero dio una de las mayores alegrías al Consistorio marbellí. El documento judicial corroboraba la resolución dictada por la Audiencia Nacional un año antes. El ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y el contable Manuel Castel debían responder por una «malversación continuada» de capitales, bautizada como la trama «Saqueo I».

Esta resolución judicial permite a Marbella cobrarse 24,4 millones de euros por los perjuicios sufridos. Asimismo, condena a las sociedades anónimas Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas a abonar 2,4 millones y 150.253 euros respectivamente, de acuerdo con las informaciones a las que ha tenido acceso La Opinión.

En este caso, el gobierno municipal del PP manifestó su intención de emplear este dinero en saldar su cuantiosa deuda pública. Marbella le adeuda alrededor de 260 millones de euros; unos 180 a la Tesorería de la Seguridad Social, y otros 80 a la Agencia Tributaria.

El Consistorio estableció un acuerdo con estas administraciones públicas en marzo del pasado año. En virtud de este pacto, renunciaba a las indemnizaciones que pudiera percibir para cerrar su débito. Gracias a ello, la Administración local pudo aplazar y dosificar sus pagos.

«No nos han perdonado ni un euro», se quejan tanto el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, como la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social recuerda que tiene la obligación legal de recuperar totalmente las deudas contraídas por los sujetos obligados a pagarle. «Es inviable la condonación o reducción de las mismas», señaló hace unos meses mediante un comunicado.

El principal problema del erario marbellí es su cuantiosa deuda. De ahí, que los esfuerzos de su gobierno local estén destinados a saldarla. Para ello, se muestran dispuestos a renunciar a los distintos derechos de cobro que les cedan los fallos judiciales que, a día de hoy, ya tiene a su favor y de carácter firme.

Aún son muchos los procedimientos. El más cercano es el juicio por el caso «Malaya», cuya celebración está prevista para septiembre. El Consistorio pide en su escrito de acusación 14 millones de euros a sus 95 procesados por los daños ocasionados al municipio. Sin embargo, también reclama que la multa de 810 millones solicitada por el fiscal a Roca revierta en la Administración local y no en la central.