El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) acusó al Gobierno central de querer "hacer negocio" con el dinero de los procedimientos judiciales en el municipio y consideró "injusto e intolerable" que las sanciones económicas al presunto cerebro del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, y al resto de imputados vayan al Estado "cuando todo el patrimonio se ha esquilmado a Marbella".
Romero lamentó el acuerdo alcanzado por el Tribunal que enjuiciará este caso y el presunto cerebro de la trama de corrupción, por el que se autoriza la venta de los cuadros y de su patrimonio y que establece que "en el orden de pagos se antepondrán aquellos que sean necesarios para evitar la pérdida de un bien así como las deudas con Hacienda", según apuntaron.
El edil calificó de "insólito" que el Gobierno central "no escuche a los ciudadanos de Marbella" y lamentó, a través de un comunicado, que esta administración, "que debería estar trabajando para que los perjudicados por la corrupción sean restituidos de sus bienes, esté solo preocupada de llenar sus arcas".
Por tanto, insistió en que el caso 'Malaya' "no puede convertirse en el gran negocio" del Gobierno y recordó que el municipio mantiene una deuda de más de 300 millones de euros sólo con Seguridad Social y Hacienda "por los desmanes de las anteriores corporaciones" que se está pagando "con intereses" y de la que la administración gobernada por el PSOE "no ha perdonado ni un solo euro".
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció el pasado mes de junio que el Gobierno municipal pedirá que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales incluya una propuesta "para que las multas sostenidas como consecuencia de la corrupción municipal reviertan directamente en los municipios estafados", una propuesta similar que ya presentó el PP en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada por el PSOE.
