«Tenemos un conductor por vehículo, doce o catorce horas seguidas trabajando. Por lo tanto, incumplimos la ley de conducción y descanso. Además, cada conductor cotiza por una jornada de trabajo, por lo que es un fraude a la Seguridad Social y las horas extras se pagan en ´b´. Así que el fraude también afecta a Hacienda», explicó el secretario de la Asociación Nacional de Empresas Especializadas en Auxilio-Rescate (Anerva).
El presidente del colectivo, Antonio Cerván, insiste en que los gruistas trabajan por debajo del coste y de no ser por estas trampas legales no podrían garantizar su supervivencia. «Y las administraciones públicas lo saben», asegura.
El empresario marbellí, propietario de Eurogrúas, pide una regulación para el sector de las grúas que les permita estar protegidos bajo un marco legal y ganar dinero por el servicio que prestan. «Esto nos permitiría crear hasta 100.000 puestos de trabajo en toda España, porque todos estamos igual», asegura. Defiende una nueva normativa con tarifas mínimas para el servicio público que ofrecen.
Han enviado miles de cartas a los gobernantes nacionales para comunicarles su situación, «pero lo único que hacen es pasarse la pelota de unos a otros y permitir que esto siga ocurriendo».
