05 de abril de 2012
05.04.2012
Denuncian trabajar por debajo del coste

Un gruista marbellí lleva ante el juez la ausencia de regulación en el sector

El colectivo reivindica que se normalicen los pagos que deben recibir por la retirada de vehículos

05.04.2012 | 07:00
El gruista marbellí Antonio Cerván en uno de los vehículos de su empresa.

El empresario marbellí Antonio Cerván no sabe quién tiene que pagarle cuando una de sus grúas retira un vehículo accidentado o abandonado en mitad de una carretera. Pero está convencido de que alguien tiene que abonarle este servicio que presta. Y ha llevado su caso a los tribunales. Asegura que es un problema que padecen todos los emprendedores del sector y defiende que el origen está en la falta de regulación.

«Podríamos crear hasta 100.000 puestos de trabajo si el Gobierno regulara nuestro sector», afirma. Su batalla judicial comenzó en 2006, cuando un juez le requirió para que devolviera a su propietario uno de los vehículos que los agentes de seguridad le habían ordenado retirar de la carretera, después de mantenerlo seis años en su depósito. Todo ello sin ningún tipo de contraprestación. En este punto comienza su reivindicación, que se dilata hasta hoy.

«Me deben 20.000 euros», reclama. «A mí me manda la autoridad a que retire un vehículo y de no hacerlo incurro en un delito de desobediencia», explica. «Pero después, tengo que devolver ese vehículo sin que me paguen el servicio y, si no, me detienen», añade.

Ley, gobierno y aseguradoras. «No hay regulación», critica. «La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, ley 16/1987, nos cataloga como empresas de transporte», explicó José Antonio Palmeiro, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Especializadas en Auxilio-Rescate. Cerván es su presidente.

«No estamos sujetos a la ley de servicios, Ómnibus, porque el transporte está considerado como una actividad de primera necesidad», indicó Palmeiro. La asistencia en viaje y la retirada de vehículos en carretera es un servicio. El primero está controlado por las compañías aseguradoras. «Tendría que ser el conductor el que eligiera libremente la grúa que prefiere», dijo. No ocurre así.

España es el único país europeo que no cuenta con normas específicas por modalidades de transporte, criticó. Sólo hay para mercancías peligrosas y alimentos perecederos. Y, dentro de España, Canarias es la única comunidad con regulación concreta. En las demás «el caos es total», denuncian.

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