La promoción de Jardines del Príncipe ya está en venta. La inmobiliaria de la empresaria Kristina Székely lo publicita en el propio complejo con amplios carteles que cuelgan de sus balcones. Los interesados pueden adquirir cualquiera de sus 86 apartamentos pese a que su legalidad aún se dirime en los tribunales. Sobre ellos pesa una orden de derribo.
Se ubican en una privilegiada zona de Marbella, en la avenida Jaime de Mora y Aragón, en plena milla de oro. De ahí el precio con el que han comenzado a comercializarse. El coste sube por planta y en función de las vistas. De los 592.862 euros del más barato a los 847.956 del más caro. Con Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido.
El precio incluye, eso sí, trastero y dos plazas de aparcamiento, según establece el propio folleto de la inmobiliaria, en manos de los potenciales ocupadores. De lo que no habla son de cargas urbanísticas.
Legalización
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo integra en su proceso de normalización del que forman parte otras 16.500 viviendas irregulares. Uno de los pocos que se regulariza pese a permanecer vacío y no afectar a ningún comprador ni tercero de buena fe.
Los promotores, la empresa Coepro, han pagado al Ayuntamiento más de dos millones de euros en efectivo y otros 3.200 metros cuadrados de suelo. Como contraprestación, las casas pasan de ilegales a legales desde el punto de vista administrativo. El judicial va aparte.
El pleito sobre este complejo residencial sigue abierto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló en 2003 la licencia de obra que el gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal otorgó en 1999 a la citada promotora. La anulación conlleva automáticamente la reposición de «la realidad alterada» en la localidad. Es decir, el derribo.
El Tribunal Supremo desestimó los recursos planteados por la constructora y confirmó la resolución judicial del TSJA. Los residentes de las urbanizaciones aledañas se consideran dañados por la existencia de este complejo que les ha restado vistas y les ha rebajado el valor a sus inmuebles.
Hace apenas tres meses, los vecinos detectaron que los obreros habían vuelto a la obra y comprobaron que el complejo contaba con la licencia municipal correspondiente para finalizarse. Fuentes municipales lo corroboraron a este diario. Pero los vecinos recordaron también la orden de derribo pendiente.
«Estamos inmersos en un contencioso contra el Ayuntamiento ante el TSJA instando a la ejecución de la sentencia de demolición», recordaron. El proceso no está resuelto.
Los socios de Arroyo Guadalpín aseguran que la legalización de estos edificios constituye un grave atentado a uno de los parajes de más valor paisajístico y medioambiental de Marbella y dicen no estar dispuestos a dejarse ganar la batalla.
Dos bloques de cinco plantas en suelo para casas unifamiliares
Los dos bloques que integran el complejo residencial Jardines del Príncipe se asientan sobre una parcela urbanizable pero destinada a viviendas unifamiliares en virtud del planeamiento de 1986, vigente durante su construcción.
Las fuentes municipales consultadas por este diario sostienen que los inmuebles cuentan con todas las bendiciones técnicas y licencias necesarias para que la promotora pueda concluir la obra y se pueda comercializar el complejo.
La doctrina que el Ayuntamiento defiende en los tribunales parte del propio Plan General. Hasta ahora, la administración marbellí justifica la inejecución de las órdenes judiciales de derribo en base a la legalización de los inmuebles prevista en el documento urbanístico.
El Consistorio mantiene los mismos argumentos para eludir más de 900 sentencias de derribo. Los jueces no siempre le han dado la razón aunque por ahora no existe ninguna resolución en firme contra esta fórmula.
Los vecinos de Arroyo Guadalpín, residentes en las urbanizaciones aledañas a Jardines del Príncipe, se consideran «engañados» por el gobierno municipal del Partido Popular y especialmente afectados por la existencia de este complejo, que además permanece deshabitado y, por tanto, cuyo derribo no afectaría a ninguna familia.
Marbella en dos años de vigencia de su planeamiento ha regularizado unas 900 viviendas, apenas el 5,4% de las más de 16.500 que tiene pendientes de este trámite.
Por la regularización de estos locales, el Consistorio se ha cobrado hasta ahora 5,3 millones de euros y ha obtenido 33.000 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos. De ellos, unos 3.000 metros se reservarán para viviendas de promoción pública.
