El Ayuntamiento de Marbella ha reclamado al Tribunal de Cuentas el embargo preventivo de 150 propiedades de los herederos del exalcalde Jesús Gil como responsables solidarios a título lucrativo de un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros.

Así lo anunció ayer martes, tras la junta de gobierno local, el portavoz del PP, Félix Romero, quien precisó que «el embargo de bienes ofrece más garantías de que pueda ejecutarse la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en abril de 2011, relativa a este desvío», que condenaba a los herederos de Jesús Gil y Gil a devolver a la ciudad más de 100 millones de euros por transferencias sin justificar desde el Ayuntamiento a cuatro sociedades municipales, entre 1994 y 1999.

«Hasta ahora únicamente se ha ordenado el embargo de las acciones de las sociedades de los herederos de Gil y creemos que es una medida insuficiente», explicó el portavoz del equipo de gobierno marbellí añadió.

La relación de propiedades sobre las que se ha solicitado el embargo está a nombre de las mercantiles Club Financiero Inmobiliario, Miramco S. L., Vegangeles y las promotoras inmobiliarias Alhambra y Alcazaba. Se trata, en concreto de 43 locales comerciales, cinco parcelas, seis viviendas y 96 plazas de garaje, todos ellos ubicados en Marbella, Madrid o Torremolinos, entre otras localidades.

Félix Romero subrayó ayer que si se concede el embargo, estos bienes se sumarían a las propiedades por valor de 41 millones de euros del exteniente de alcalde del GIL Pedro Román, que el Tribunal de Cuentas ordenó hace unos días que se embargaran también por el desvío de fondos del Ayuntamiento a cuatro sociedades municipales sin justificar, lo que incrementaría las posibilidades de que el Ayuntamiento de Marbella restituya «el patrimonio que fue malversado».

En la junta de gobierno local celebrada ayer martes también se dio cuenta de un auto por el que se paraliza el contencioso por el que la empresa Alvemotor reclamaba al Ayuntamiento un total de tres millones de euros hasta que no se resuelva el procedimiento penal iniciado por el propio Consistorio en 2009 para dilucidar la situación.

El portavoz del PP explicó que en 1991 el entonces regidor, Jesús Gil, contrató con la empresa Alvemotor el alquiler de la flota de vehículos municipales «sin procedimiento, sin licitación y fijando el precio de forma arbitraria». El servicio se abonó hasta 2003, cuando la alcaldesa Marisol Yagüe decidió dejar de pagarlo y, aunque la comisión gestora resolvió el contrato en 2006, no se rescindió definitivamente hasta el año 2009.

La cantidad reclamada por Alvemotor corresponde al periodo comprendido entre 2003 y 2009, pero el procedimiento penal interpuesto por el Ayuntamiento en el Juzgado de Instrucción número 1, que ahora tiene que resolverse como paso previo, «considera que las cantidades abonadas desde el año 1991 sin base ni procedimiento legal superan con creces el valor de mercado de la prestación y, por tanto, es la empresa la que adeuda dinero al Consistorio».

La junta de gobierno local también aprobó ayudas en especie para el desplazamiento de los equipos deportivos del municipio que tienen que participar en competiciones oficiales de ámbito provincial, regional o nacional organizados por federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes o la Dirección General de Deportes.