El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes en el pleno una enmienda acordada por todos los partidos políticos y los representantes de los trabajadores, organismos autónomos y sociedades municipales para abrir un periodo de 15 días y agotar las vías posibles para llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la renegociación de la devolución de la deuda de 100 millones de euros, así como cualquier otra gestión con diferentes organismos, que garantice la viabilidad de la institución.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha firmado el acuerdo junto a los representantes del PP, IU, Opción Sampedreña y PSOE y de los sindicatos. Tras la retirada del plan de ajuste municipal del orden del día del pleno de este viernes, en el que estaba previsto aprobarlo inicialmente, ha avanzado que se debatirá en un pleno extraordinario el próximo 8 de febrero.

Muñoz ha asegurado que "es un acuerdo trascendental que ha sido posible gracias al consenso de todos y que pone encima de la mesa nuestra voluntad de defender los intereses de la ciudad en su conjunto".

Ha afirmado que "ahora se abre un periodo de 15 días para intentar buscar fórmulas con aquellas instituciones, sobre todo la Junta de Andalucía como principal acreedora, para que el municipio reciba un trato justo que pueda asegurar su supervivencia económica". Por ello, ha pedido a todos los partidos de la oposición que "defiendan a Marbella con lealtad y responsabilidad".

La alcaldesa ha recordado que "cuando llegamos al Ayuntamiento, la ciudad tenía grandes acreedores y, aunque todos prometieron ayudarnos, lo cierto es que la ayuda ha venido tarde y a cuentagotas". Ha subrayado "los esfuerzos" que se han realizado en estos cinco años "para que esa situación no asfixiara al conjunto de Marbella" a través de los acuerdos con bancos, proveedores y, especialmente, el que se alcanzó con el Gobierno central en el mes de junio para flexibilizar el pago de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda.

Para Muñoz, este acuerdo "ha sido posible gracias a la sensibilidad del Gobierno central con una ciudad que durante años había estado olvidada por las administraciones". Ha resaltado que el propio Tribunal de Cuentas señalaba en 2012 que "era absolutamente inviable" para la ciudad hacer frente a los pagos con la Seguridad Social y Hacienda.

En este punto, ha precisado que el acuerdo "excepcional" alcanzado con el Ejecutivo de la Nación ha permitido que los 38 millones que se hubieran tenido que abonar a Hacienda este año se hayan reducido a dos millones, mientras que en el caso de la Seguridad Social han pasado de 20 millones a uno.

El pleno también ha respaldado la modificación del convenio con el Patronato Provincial de Recaudación, que supondrá un ahorro neto para la ciudad de 1,5 millones anuales.

La concejala del PP María Francisca Caracuel ha señalado que "es un acuerdo muy beneficioso porque reduce el porcentaje que el Patronato aplica al municipio por la gestión de la recaudación y los tributos" y ha subrayado que "es un buen ejemplo de la colaboración entre instituciones".

Ha precisado que el convenio tiene una vigencia de cuatro años y la previsión es que el ahorro neto para este periodo supere los cinco millones. Ha detallado que el cobro por la recaudación voluntaria pasa del 3,5 por ciento que aplicaba el Patronato en 2011 a un dos por ciento en 2013 para el tramo de 50 a 100 millones y a partir de esta cantidad se reduce del uno por ciento de 2011 al 0,75 por ciento para el actual ejercicio.

En la sesión plenaria se ha aprobado, de igual modo, una moción corporativa para que los taxistas de Marbella puedan seguir ofreciendo sus servicios en el aeropuerto de la capital, previa contratación, y se les permita también la recogida de viajeros en la estación de trenes de Málaga-María Zambrano.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero, ha explicado que "desde hace varios meses una parte de los taxistas de la capital está intentando que sólo ellos puedan ofrecer sus servicios en el aeropuerto", considerando que se trata de "una propuesta injusta porque es una infraestructura provincial y, por ello, la rechazamos rotundamente".