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La Bajadilla

La Junta afirma que dará oportunidades al jeque si cumple las condiciones

Debe abonar la deuda del canon, crear una estructura administrativa y estar al corriente de pago a proveedores antes del 15 de agosto

Imagen del proyecto de ampliación de La Bajadilla.

Imagen del proyecto de ampliación de La Bajadilla. / La Opinión

José Luis Jiménez / Agencias

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, aseguró ayer que el organismo que dirige ofrecerá oportunidades al Grupo Al-Thani, concesionario del proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla de Marbella, para poder acometer estos trabajos. Sin embargo, condicionó esta mano tendida al grado de cumplimiento de las exigencias establecidas en el contrato que el propietario de esta empresa, el jeque catarí Abdullah ben Nasser Al Thani, firmó para su adjudicación.

«No sólo les hemos dado todas las oportunidades posibles para que la ampliación pudiera ser una realidad, sino que seguiremos dándoselas a medida que vaya respondiendo a las obligaciones que firmó en la concesión», dijo la responsable regional en materia de puertos.

Cortés quiso dejar claro que el objetivo de la Consejería que ostenta ha sido siempre «defender el interés general» y que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) inició el expediente para el rescate de la concesión por los «incumplimientos» reiterados por parte del grupo empresarial catarí.

Entre estos incumplimientos, como recordó, estaban el hecho de no haber constituido la sociedad para hacerse cargo de la gestión del recinto y la tramitación del proyecto definitivo. Algo que el Grupo Al-Thani hizo recientemente, abonando los más de cinco millones necesarios para ello.

Esto hizo que la APPA suspendiera el expediente la pasada semana, aunque a cambio, solicitó la formalización del resto de condiciones para seguir adelante con la concesión.

Las condiciones son la redacción de un proyecto definitivo de obra, el abono de los 1,5 millones de euros que la sociedad adjudicataria adeuda al órgano regional en concepto de canon de explotación, un certificado que garantice que no se debe dinero a proveedores y la dotación de una infraestructura administrativa y gerencial para el recinto portuario.

«La Consejería lo que demandábamos es que había que cumplir los compromisos y, como siempre, lo que tenemos que defender es el interés general, que es el elemento clave que tiene que hacer un Gobierno», concluyó Cortés.

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