El abogado Emilio Ortiz, con despacho en Marbella, ha conseguido para Margaret, una enfermera inglesa que vive en la Costa del Sol, la primera sentencia condenatoria en Europa contra la multinacional americana Johnson & Johnson a cuenta de una prótesis de cadera defectuosa que le ha provocado «una amputación funcional». La indemnización para ella, más de medio millón de euros, muy por debajo de las que ya se han conseguido en EEUU (por encima de los cinco millones de euros), no le va a devolver la movilidad perdida, si bien sí abre el camino para nuevas demandas de afectados en España por la comercialización de un modelo de prótesis (ASR) que se prohibió en el año 2010 y que, más allá de envenenar la sangre, ha mermado de forma irreversible la calidad de vida de los afectados.

En los juzgados número 5 y 6 de Marbella se dirimirán el próximo mes de enero dos nuevos casos: el de Carol, de 67 años, otra inglesa que alojó dos de estas prótesis (una ya se la han retirado) y un policía local de 54 años al que este implante le ha dejado como herencia la imposibilidad de patrullar.

Al igual que Margaret, ambos sufren contaminación tóxica porque la prótesis en cuestión liberó metales (cromo, cobalto y molibdeno), lo que provocó una «metalosis» que trajo consigo una destrucción importante de los tejidos de la zona.

La multinacional ya ha recurrido la sentencia, cuestión que parece no preocupar al letrado de Margaret, quien está convencido de que el recurso obedece a una estrategia dilatoria, ya que «la resolución está bastante blindada».

De hecho, Ortiz trabaja estrechamente con la Universidad Politécnica de Barcelona en un estudio que va a demostrar que «la empresa falseó una pequeña modificación que se hizo en la prótesis y que no se pasaron los ensayos clínicos pertinentes para la comercialización de la misma»

Cuando la agencia de vigilancia de EEUU (FDA) constató que este modelo no era fiable en cuanto a seguridad y fiabilidad (había 8.000 pacientes afectados), la empresa decidió retirar el implante del mercado, lo que ocurrió en 2009, si bien en Europa se siguió comercializando «porque la prohibición llegó un más tarde». En España hay más de 70 centros hospitalarios afectados, tanto públicos como privados; más de 3.000 personas, unas 40.000 en toda Europa. Sólo en Andalucía, afirma el abogado, hay más de 200 afectados, de los que 20 casos están ya sobre la mesa de este abogado de Marbella.

Ortiz sostiene que «sigue habiendo mucha gente que todavía no sabe lo que tiene en el cuerpo, ni las consecuencias de la prótesis que en su día le pusieron», cuyos efectos secundarios, más allá de niveles altos de metales en sangre, suelen aparecer a partir del año y medio de la implantación de la prótesis. «Hay que ir uno por uno para demostrar los efectos secundarios», entre los que figura el riesgo de cáncer a medio y largo plazo, pero también alteraciones en la vista y en todo el sistema depurativo del organismo.

Sirva como dato, concluye este abogado, que «en cuanto se retira la prótesis, los niveles de metal en sangre bajan a la mitad, aunque el daño ya está hecho». Los afectados pueden consultar la web de Emilio Ortiz: emilioortizabogados.com.