A Marbella no le salen las cuentas

­La factura de la corrupción es más alta que la de la luz. Y, para Marbella, va a ser casi imposible pagarla. En concreto, el Ayuntamiento debe más de 500 millones de euros, en torno a 300 a la Seguridad Social y a Hacienda como consecuencia de los años de saqueo sistemático que han cristalizado en Malaya, Minutas o sumarios parecidos. La Audiencia Provincial expresó, en la sentencia del primero de los casos, su deseo de que el dinero de las multas, más de 760 millones de euros y de los bienes incautados, acabase en la ciudad. Así lo acordó. Pero el fiscal le ha recordado al tribunal que la ley no lo prevé. Los expertos juristas consultados apoyan, con matices, el pronunciamiento del ministerio público, pero creen que hay muchos caminos para que la capital costasoleña reciba el maná de Malaya. Por ejemplo, con un acuerdo político.

La Ley de Bienes Decomisados, reformada en 2003, se fraguó en los ochenta al albur de los golpes al narcotráfico gallego, para que los grandes capos no pasaran sólo unos añitos en la cárcel y, a su salida, pudieran disfrutar de chalés muy lujosos y de coches de alta gama mientras en toda España las muertes por heroína se multiplicaban año tras año. Las propiedades y las multas del blanqueo de capitales debían ir a parar al Estado.

En el caso de Saqueo 1 y 2, se trata de procesos relacionados con la malversación de caudales públicos, la responsabilidad civil iría a las arcas del municipio saqueado, en este caso Marbella. De hecho, en la primera de las piezas Juan Antonio Roca ya está pagando la tercera parte de los 24 millones de euros de responsabilidad civil, porque se trata de un caso de malversación, mientras que el grueso de las multas de Malaya provienen del blanqueo y, por tanto, irán al Estado.

El fiscal le recordó al tribunal que no puede modificar la ley «a su capricho» para que los fondos acaben en Marbella, pero la Sala le contestó al ministerio público que sólo expresó un deseo para que esos bienes ayudaran a reducir la deuda con el Fisco y la Seguridad Social, con respeto a la superioridad.

El abogado José Carlos Aguilera recuerda que «no está previsto legalmente» que el dinero de las multas de Malaya acabe en Marbella. «Comparto la tesis de la Fiscalía: las multas son para el Estado y las responsabilidades civiles son para el perjudicado». El problema es que en Malaya el segundo apartado, por el tema de malversación, apenas supera los 1,3 millones de euros.

Sin embargo, insiste Aguilera, «todo reside en el enfoque: los ayuntamientos también son Estado; la forma de llevar ese dinero es una previsión en los Presupuestos Generales del Estado, auspiciada por la excepcionalidad, y el dinero iría al Ayuntamiento. No se puede alterar el Código Penal por cualquier circunstancia». Es decir, aboga por un pacto político.

El letrado Juan Carlos Rivera recalca que la Audiencia «hizo una declaración bienintencionada, tratando de establecer una nueva línea jurisprudencial que ahora debe refrendar, o no, el Supremo; también puede leerse como la proposición de un cambio normativo, pero lo que hay es lo que hay: la legislación debe respetarse». Su colega de profesión Javier Muriel, entiende que la ley «está mal enfocada desde cualquier punto de vista. Alabo la solicitud de la Sección Primera, pero tristemente debo darle la razón al ministerio fiscal, esas multas han de ir al Estado». Añade que, otra cosa, por ejemplo, «sería un acuerdo político para el caso concreto».

Acuerdo político

El abogado experto en urbanismo y medio ambiente Francisco Soler cree que «el Estado debería revertir parte de ese dinero en Marbella», aunque los tribunales «no pueden orillar la ley», y el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, llega a una conclusión similar: «Una cosa es lo que me gustaría, que fuese a Marbella el dinero, y otra distinta es la contemplada legalmente, es decir, que vaya al Estado. No se puede hacer lo que dice la sentencia, no lo contempla la ley». Todo pasa, por tanto, por dos caminos: o la modificación de la ley o un acuerdo político que, contemplando la excepcionalidad de lo vivido por Marbella en la década y media de gilismo, el Gobierno habilite un plan económico para recuperar financieramente la ciudad vía presupuesto.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ya ha dicho que van a impugnar cualquier decisión que impida que los bienes incautados vuelvan a Marbella. «Entendemos que ese dinero tiene que revertir en la ciudad para hacer frente a las deudas heredadas», dijo la regidora.

Opinan los expertos

Javier Muriel. Abogado

«La Ley está mal enfocada desde cualquier punto de vista. Debe primar siempre el resarcimiento de la persona o institución agraviada».

Francisco Soler. Abogado

«El Estado debe revertir parte del dinero en Marbella, aunque la Fiscalía debe cumplir la legalidad. Otro planteamiento es absurdo».

Francisco J. Lara. Decano de los abogados

«Una cosa es lo que me gustaría, que fuese a Marbella el dinero, y otra distinta es la contemplada legalmente, es decir, que vaya al Estado».

José Carlos Aguilera. Abogado

«La forma de llevar ese dinero es una previsión en los Presupuestos Generales del Estado, auspiciada por la excepcionalidad del caso».

Ángeles Muñoz. Alcaldesa de Marbella

«Entendemos que ese dinero tiene que revertir en la ciudad para hacer frente a las deudas heredadas y nunca vamos a renunciar a ello».

Juan Carlos Rivera. Abogado

«La Sala hizo una declaración bienintencionada, tratando de establecer una nueva jurisprudencia que ahora debe refrendar el Supremo».