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Puerto deportivo

El jeque no recurre la multa de 50.000 euros por los retrasos de La Bajadilla

La concesionaria no ha presentado la redacción de un proyecto que tenía que salir a concurso en 2012

Imagen del puerto de La Bajadilla de Marbella.

Imagen del puerto de La Bajadilla de Marbella. / L. O.

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María Albarral

­La empresa Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque catarí Abdullah Al-Thani, concesionaria de la ampliación del puerto de La Bajadilla en Marbella, no ha presentado recurso de reposición contra la última resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) que confirmaba la sanción de 50.000 euros fijada por el incumplimiento de los plazos establecidos para entregar el proyecto constructivo.

Ahora, la empresa del jeque catarí tiene un mes de plazo para iniciar otro recurso por vía contencioso administrativa. Si finalmente no lo hace, tendrá que abonar la multa interpuesta por la Junta de Andalucía.

A través de un burofax, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía -dependiente de la Consejería de Fomento- informó el 31 de enero a la empresa concesionaria de esta sanción, siendo en principio la cuantía de 60.000 euros y quedando en 50.000 tras alegar que ya había licitado la redacción del proyecto.

A la Junta de Andalucía no le convencen las alegaciones del jeque. La empresa de Al-Thani insistió en que se encontraba trabajando en el proyecto, pero según manifestó la APPA «esa licitación se tenía que haber hecho en enero de 2012, por lo que hay un retraso de dos años en la elaboración y presentación del escrito que defina el proceso constructivo del puerto».

Ante esta tardanza y sin documento que refleje la construcción, el ente autonómico decidió imponerle la sanción.

Aún así, la APPA insiste en que colaborará en la redacción del proyecto y reitera que el objetivo del contrato es la ampliación de La Bajadilla y no la gestión del puerto, que ya se está desarrollando.

No es la primera vez que la Junta de Andalucía llama la atención al jeque. La Consejería de Fomento ya abrió un expediente de rescisión a la sociedad. Este proceso acabó siendo archivado al no darse los supuestos de abandono de la concesión y de incumplimiento generalizado del contrato.

En agosto pasado, la empresa abonó los 1,8 millones de euros pendientes del canon de 2012 y 2013, paralizando la medida de la Junta. Además, la sociedad, saldó las deudas con las empresas proveedoras.

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