Marbella recibe otras cuatro sentencias que avalan la legalidad del PGOU

­La Junta de Gobierno Local de Marbella valoró ayer otras 11 nuevas sentencias que ha recibido el Ayuntamiento y son favorables al ente municipal, la mayoría referentes al área de Urbanismo.

En los últimos meses el Consistorio ha ido recibiendo resoluciones judiciales que «avalan», según el portavoz popular, Félix Romero, «la legalidad y efectividad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puesto en marcha para regularizar el caos urbanístico heredado de la época del GIL».

En esta ocasión Romero ha destacado cuatro sentencias de las once recibidas. La más señalada es la dictada por el Juzgado contencioso administrativo número 4 de Málaga con respecto a un recurso presentado por la entidad Holanducía SL, contra el Ayuntamiento y resuelta en primera instancia a favor de la administración local.

La entidad firmó un convenio urbanístico en 1992 con el gobierno del GIL, por el que acordaron la modificación de la parcela conocida actualmente con el nombre de la empresa, a cambio del pago al Ayuntamiento de 5,4 millones de euros, de los que 1,6 millones de euros fueron abonados en diversos pagos.

Con la entrada en vigor del nuevo PGOU, esos terrenos no podían ser meramente urbanizables, por lo que la entidad puso al Ayuntamiento una reclamación de cantidad al entender que se había producido un perjuicio contra ella de 1,5 millones de euros.

Asimismo, una sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Málaga ha dado la razón también al ente local tras recurrir la promotora de La Reserva de Marbella, SA, la liquidación de una serie de derechos correspondientes al aumento del presupuesto de ejecución material de hasta 2 millones de euros, tras la concesión de una licencia de primera ocupación.

Otra de las sentencias favorables tiene que ver con una sanción de 208.000 euros interpuesta por el Ayuntamiento a un particular por la construcción de una vivienda ilegal.

Finalmente, la cuarta resolución judicial destacada por Romero es relativa a la revisión del PGOU solicitada por una comunidad de propietarios, donde la justicia también ha dado la razón al Ayuntamiento.

«Todas estas sentencias dan la razón al Consistorio, avalando la legalidad del PGOU», concluyó.