El pleno del Ayuntamiento de Marbella vivió ayer una jornada tensa ante uno de los puntos del orden del día que finalmente sería aprobado por unanimidad. La corporación municipal votó a favor de la creación de una comisión de seguimiento en la que se valoren, entre todos los grupos políticos, los proyectos de inversión que se van a proponer a la Junta de Andalucía como medida de compensación a la deuda que el Consistorio marbellero mantiene con el ente autonómico de 92 millones de euros.

Esta cantidad viene de los cien millones de euros que el Gobierno regional otorgó a Marbella en concepto de «anticipo reintegrable» en 2006 para que el Ayuntamiento pudiera seguir funcionando tras los diversos casos de corrupción que salpicaron a la ciudad.

A pesar de que todos los partidos políticos están a favor de llegar a un acuerdo con la Junta para que desde las arcas municipales se sufraguen infraestructuras de competencia autonómica necesarias en la localidad que vayan restando a esa deuda, las fórmulas para llevarlo a cabo suscitaron la polémica.

Por un lado el portavoz del PP, Félix Romero, tachó de «injusto» el hecho de tener que devolver esa cantidad al ente autonómico, ya que el montante que prestaron a Marbella se debe a «las cantidades que se dejaron de invertir en la ciudad durante los 15 años del GIL», por lo que, en vez de pedir el dinero, «la Junta tendría que haberlo aportado directamente por el abandono al que tenía sometida a la ciudad».

Asimismo, Romero mostró la recreación de un cheque de gran tamaño donde se reflejaban los 21,9 millones de euros que ya se han pagado del anticipo y que «no han revertido en la ciudad».

El plazo para el pago de este préstamo acaba en 2017 y el equipo de Gobierno asegura que «ante la poca flexibilidad de la Junta para ampliar los tiempos, al Consistorio no le queda más opción que ir solicitando las cantidades a pagar cada año a una entidad privada por un periodo de 15 años».

La oposición política en Marbella (PSOE, IU y OSP) mostró ayer su rechazo a «solicitar un crédito para saldar los 92 millones de euros con la Junta». «La banca privada solo va a aumentar el endeudamiento del Consistorio cuando existen otras fórmulas para realizar los pagos», indicó el edil de IU, Enrique Monterroso.

La oposición propone un sistema mixto donde una parte se salde con inversiones en la ciudad y la otra se vaya aportando desde el remanente de tesorería y los presupuestos anuales, para evitar así la generación de nuevas deudas.

Según PSOE, IU y OSP, los intereses generados a 15 años podrían ascender a casi 40 millones de euros.