El Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid dictó en mayo pasado una orden de búsqueda e ingreso en prisión del empresario Andrés Liétor Martínez, condenado en el seno del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, a seis años y tres meses de prisión y a pagar multas que suman 4,7 millones de euros por los delitos de cohecho, blanqueo y fraude. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJA) aseguraron que el jiennense, de 58 años, «está en paradero desconocido».

La orden de busca e ingreso en prisión no tiene nada que ver con el caso Malaya. De hecho, el Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid es el especializado en ejecutar sentencias ya firmes, por lo que la requisitoria, decidida en mayo, como informaron las citadas fuentes, estaría relacionada con otra sentencia sobre la que ya hay firmeza.

Lo cierto es que la orden contra Liétor, accionista de la empresa CCF21 que tantos negocios hizo en Marbella durante la época dorada del gilismo, sale a la luz pública tan sólo un día antes de que mañana la Sala II del Tribunal Supremo acoja la vista sobre los recursos interpuestos por las defensas de medio centenar de condenados y las acusaciones del caso Malaya.

Fuentes jurídicas madrileñas consultadas por La Opinión de Málaga y distintas de las anteriormente citadas, insinuaron que contra Liétor hay una sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, por delito fiscal, y ésta estaría en la raíz de la fuga del empresario, «del que nadie sabe nada desde hace semanas». Ese fallo le habría supuesto tener que entrar en la cárcel, subraya esta fuente.

Liétor tiene su domicilio conocido en una urbanización de Madrid, pero «ahora nadie sabe dónde anda», indicaron estas fuentes jurídicas. Este empresario y su antiguo socio, Carlos Sánchez, también condenado en el caso Malaya a una pena idéntica, tenían importantes intereses empresariales en la República Dominicana. Tras concluir el caso de corrupción marbellí, era habitual que el jiennense pasara «más tiempo» allí.

Su actual abogado, con despacho en Granada, tras recibir en la mañana de ayer la llamada de este periódico, señaló: «No sé nada de lo que me está contando» y no quiso ni desmentir ni confirmar la noticia, pero al menos otra fuente jurídica marbellí estaba al tanto de que el industrial lleva semanas sin dar señales de vida. Realmente, el rumor circulaba por Marbella ya el jueves pasado, aunque ninguna fuente oficial pudo confirmarlo hasta ayer, cuando lo hizo el TSJM a requerimiento de este rotativo.

Liétor ha sido desde el inicio del proceso marbellí una china en el zapato del tribunal, el fiscal y la policía. En su declaración, y apoyándose en un informe pericial, aseguró que los archivos intervenidos en Maras Asesores, la contabilidad de los pagos que hacía Juan Antonio Roca y en los que anotaba las iniciales de los que caían en sus redes, habían sido manipulados por los investigadores policiales. Ello le valió una amenaza de querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Él siempre negó los sobornos y de los archivos indicó: «Son un invento». Se proclamó a sí mismo doctor en Malaya: «En el calabozo municipal de Marbella leí el auto de detención, y desde aquella noche, el 10 de julio de 2006, hasta hoy, estoy estudiando Malaya, cuando ustedes emitan la sentencia seré doctor en Malaya». También protagonizó un careo con el Jefe.

Asimismo, estuvo detrás de la reunión que mantuvieron numerosos letrados defensores del caso Malaya el 10 de febrero en 2010 en un hotel madrileño con el fin de urdir una estrategia común para aplazar el juicio dos años, ya que «dada la evidente politización» del proceso, les dijo en una carta a los abogados, se buscará «una sentencia ejemplarizante» antes de las municipales y autonómicas de 2011.