El edil de Urbanismo de Marbella es imputado por prevaricación por omisión

­El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, está imputado por un presunto delito de prevaricación por omisión al no paralizar ni sancionar unas obras ejecutadas en el beach club Funky Beach de la playa de El Pinillo, presuntamente ilegales.

En un auto del juez Miguel Ángel Gómez Torres del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que trascendió ayer, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional parcial de las acusaciones de cohecho y de un delito contra la ordenación del territorio, pero mantiene las diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, por lo que emplaza al Ministerio Fiscal y a las partes, para que en un plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El portavoz socialista, José Bernal, instó ayer al Ayuntamiento a «personarse en la causa como perjudicado por las actuaciones del concejal de Urbanismo». Además, remarcó que Pablo Moro «debe hacerse cargo del coste de su defensa jurídica, tanto futura, como la desarrollada hasta este momento». Replicó de esa manera a la petición del equipo de gobierno de que los grupos de la oposición rectifiquen en cuanto a las acusaciones desde que se abrió la causa.

Bernal manifestó que el juez ve «indicio de delito» en cuanto a que Moro dejó de firmar hasta cuatro decretos de paralización, además de dos borradores de multa coercitiva. «El delito es de prevaricación administrativa penado en el artículo 404 del Código Penal con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el periodo de 7 a 10 años».

Bernal instó a la alcaldesa a personarse en la causa porque si no lo hace, «podría evidenciar que el edil de Urbanismo no actuó solo, sino bajo recomendación de alguien».

El PSOE pide también a la regidora, Ángeles Muñoz (PP), que revise el código ético del Partido Popular para ver cuál será el futuro del edil de Urbanismo, y añadió que, en calidad de alcaldesa e integrante de la estructura de su formación «tendrá que actuar en consecuencia con lo que dicta su partido», finalizó Bernal.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Félix Romero (PP), replicó que ha quedado demostrado que el edil de Urbanismo «no ha tenido ningún beneficio personal». Y añadió que «de nuevo la realidad deja en evidencia las barbaridades que lanzan los grupos de la oposición en contra del equipo de gobierno».

Romero insistió en que el auto certifica que no ha habido «tráfico de influencias ni se ayudó a nadie. La resolución es clara porque no existe delito de cohecho ni contra la ordenación del territorio y tan sólo queda aclarar si el procedimiento llevado a cabo ha sido el correcto», concluyó el propio Félix Romero, tras las denuncias del PSOE.