­El letrado Francisco Cobo Medina, que ha dirigido el contencioso contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella por el traslado del polígono La Ermita a unos terrenos al norte del centro comercial La Cañada, manifestó ayer a este diario que el recurso que ha anunciado el Consistorio ante el Tribunal Supremo tiene escasas probabilidades de prosperar.

El abogado recordó que, en primer lugar, un recurso de casación es de muy difícil argumentación y, además, ante el Tribunal Supremo no se pueden practicar nuevas pruebas. En segundo lugar, añadió el letrado, los requisitos para aceptar un recurso de casación son muy rigurosos y concretos, y la unificación de doctrina sólo se puede efectuar entre sentencias referidas a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Francisco Cobo Medina considera que las sentencias sobre las que el Consistorio marbellí va a exigir la unificación de doctrina no obedecen a los mismos hechos y fundamentos que la suya, por lo que estima que va a ser muy difícil que el Tribunal Supremo admita un recurso de casación sobre el traslado del polígono La Ermita.

El letrado Francisco Cobo recuerda que la sentencia que ha ganado en contra del traslado del polígono industrial ha sido dictada por la totalidad de los magistrados que componen la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y no de tres magistrados de la sala como suele ser habitual, ya que el tribunal ha considerado el pleito como de interés especial.

Añade que el fallo del Alto Tribunal acoge en su totalidad los argumentos técnicos de la Consultoría Belón, que acreditó que la superficie actual del polígono La Ermita es de 340.788 metros cuadrados y que es imposible su reubicación en una superficie edificable de 168.534 metros cuadrados.

El informe de la consultoría añade que el valor del suelo, una vez reubicado, ascendería a 456,26 euros el metro cuadrado, frente a los 1.680 euros metro cuadrado que vale actualmente, por lo que el perjuicio económico es evidente. Este informe ha sido determinante para ganar el caso, según el letrado, a pesar del «extraño y llamativo silencio», según dicta la sentencia, que han guardado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella sobre estas cuestiones.