El fiscal ve corrupción en el convenio que dio origen a La Cañada y pide su nulidad

Este escrito forma parte de uno de los procedimientos abiertos a raíz de los informes de fiscalización de los años de gobierno del gilismo por el Tribunal de Cuentas. Así, el fiscal pide 24 años de cárcel y siete millones de euros de multa para Juan Antonio Roca por cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación y blanqueo continuados y fraude en concurso con malversación de caudales. Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, se enfrenta a 18 años de prisión, 52 de inhabilitación y dos millones de euros de multa, mientras que el empresario Tomás Olivo se juega 18 años y una sanción idéntica por cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística continuadas y fraude en concurso con malversación.

En total hay 14 acusados, entre ellos siete exconcejales y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, amén de otro empresario y de dos abogados supuestos testaferros de Roca. El fiscal pide una responsabilidad civil por los distintos convenios superior a los 50 millones de euros, a devolver la mayor parte entre los tres principales imputados.

Tras una larga exposición genérica de lo sucedido, el fiscal analiza en detalle la operación de La Cañada. En este sentido, explica que Tomás Olivo, que fue jefe de Roca en los setenta en Murcia y había construido para Jesús Gil en Los Ángeles de San Rafael (Madrid), entrega 270 millones de las antiguas pesetas (1,6 millones de euros) a la empresa Roadhouse España, vinculada a los empresarios condenados en Malaya Carlos Sánchez y Andrés Liétor, este último fugado. Esa entrega de dinero es en realidad, dice Anticorrupción, «una dádiva», un soborno que se camufla con la compra de unos terrenos baldíos y de escaso valor en Murcia, algo «grotesco» para el acusador, pues el suelo era no urbanizable protegido en su mayoría.

El fiscal indica que, a través de ese contrato, Olivo hace llegar 145 millones y medio de pesetas limpios (en torno a 874.000 euros) «a Roca y a otras personas vinculadas al Ayuntamiento de Marbella», al descontar de la suma inicial los impuestos y la comisión de Liétor y Sánchez por sus servicios.

Con este antecedente, y dada la relación preexistente en Roca, Olivo y Gil, «y con el patrimonio marbellí como víctima de sus maniobras depredatorias, se firman varios convenios entre el Ayuntamiento y Tomás Olivo que propiciarán que éste recupere con creces el dinero invertido».

Así, el 5 de mayo de 1994 Pedro Román, entonces alcalde accidental, y Olivo, en representación de su constructora Emasa, firman un convenio que da lugar a la cesión del suelo y construcción de La Cañada. El mismo se hizo, relata el fiscal, «sin licitación previa ni expediente legítimo». Emasa recibe así una serie de parcelas municipales que el Ayuntamiento había permutado, comprado o expropiado a los respectivos propietarios. La superficie total era de 119.235 metros cuadrados, «justamente donde se habría de construir la gran superficie».

Olivo se compromete a pagar 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) al Consistorio de la siguiente forma: 360 millones de pesetas en obras de construcción -actuaciones futuras-; entrega de 80 millones de pesetas a la firma del convenio y aplaza dos pagos de 80 millones de pesetas hasta que se obtenga la licencia de construcción y apertura del centro comercial.

La primera parte del pago «es un puro y burdo engaño». «En conclusión y en realidad, Tomás Olivo adquirió los terrenos de La Cañada a cambio de sus propias obras de urbanización -movimientos de tierra y canalizaciones y plantaciones para asegurarlas y compactarlas-, y de una teórica contraprestación dineraria que no llegó a satisfacer, salvo los 80 millones de pesetas dados en metálico. Lo primero ha perjudicado al Ayuntamiento en 360 millones de pesetas (2,16 millones de euros); lo segundo en 160 millones de pesetas (961.619 euros). Efectiva y realmente pagó 80 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella y 270 millones a los fallecidos José Luis Jiménez, Jesús Gil, además de a Roca a través de la intermediaria Roadhouse», recalca el fiscal Anticorrupción. En total, este convenio perjudicó al Consistorio en 3,12 millones de euros. Por ello, el fiscal pide la nulidad del convenio.

El caso, que data de mediados de los noventa, presenta tal complejidad que el fiscal ha pedido que se tasen las parcelas sobre las que se construyó La Cañada, ve indicios de «acuerdo delictivo defraudatorio y malversador en perjuicio económico y patrimonial de Marbella» y defiende que este asunto «no ha prescrito».

Desde que Jesús Gil fue investido alcalde en julio del 91, deja de firmar documentos para no comprometerse con las ilegalidades, «gestionando el patrimonio público en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros». Lo mismo ocurre con su persona «de confianza», Julián Muñoz, alcalde accidental, o desde la Gerencia de Planeamiento 2000, ocupada por Juan Antonio Roca.

Fueron imprescindibles para las maniobras defraudatorias, entre otros, el empresario Tomás Olivo, dueño de Emasa y General de Galerías Comerciales, precisa.

Roca era el verdadero gestor de hecho en materia urbanística, dice el fiscal, y controló los convenios que modificaban el planeamiento existente en Marbella en base a la revisión del PGOU de 1986. Creó un departamento jurídico y un equipo técnico que fabricaba esos documentos, y negociaba «en su propio interés con el patrimonio municipal del suelo».

El exasesor lo negociaba todo, convenios y dación de bienes en pago de deudas, y tenía controlado al Ayuntamiento, cuyos órganos debían aprobar sus decisiones, con el sistema de pagos en metálico. «Concretamente, y en el presente caso, promovió con Julián Muñoz la enajenación directa de bienes inmuebles públicos y aprovechamientos urbanísticos al empresario Tomás Olivo como dación en pago de deudas, a menudo presuntas o infladas, y casi siempre deliberadamente incontrolables e indemostrables, mediante el otorgamiento de escrituras públicas que Julián Muñoz, como alcalde accidental, firmaba y los órganos municipales ratificaban de manera tan servil como automática y conscientes de su carácter evidentemente legal», precisa el fiscal, que añade que ello generaba un grave perjuicio al municipio.

Todos creían tener «la coartada», el alcalde porque no firmaba nada, el alcalde accidental porque no sabía qué rubricaba y los concejales porque no entendían de urbanismo, reflexiona el acusador público, mientras que los empresarios veían la entrega de dinero a los concejales «necesaria» para trabajar con los ayuntamientos.

El exgerente amasó así «una gran fortuna» que puso a nombre de terceras personas. Olivo, que fue jefe de Roca en los setenta y construyó para Gil, fue uno «de los principales empresarios en relacionarse con las mercantiles» del Ayuntamiento, creadas por el expresidente del Atlético de Madrid y el abogado José Luis Sierra.

El fiscal añade contundente: «En definitiva, fruto de esas relaciones de confianza y mercantiles previas entre Roca, Olivo y Julián Muñoz, se conciertan para cometer ilícitos -delitos- durante aproximadamente una década, y cada uno desde su respectiva posición, enriquecerse a costa del patrimonio público, con algunos ya fallecidos como Jesús Gil y el gerente de las sociedades municipales José Antonio Jiménez Jiménez, con otros no imputados como Pedro Román Zurdo, o incorporados con posterioridad como Julián Muñoz».