­El convenio de La Cañada es la base de todo lo que viene después, dice el fiscal. «La referida actividad delictiva contra la administración pública tendría sin embargo un insaciable y continuado recorrido, atendido que desde las instancias municipales, con Roca a la cabeza, se iba a permitir a Tomás Olivo recuperar su inversión e incrementarla hasta proporciones casi desconocidas, como veremos, con el paralelo beneficio de quienes desde el Ayuntamiento y las sociedades tendrían que aprobar o refrendar sus actos».

Anticorrupción indica que las nuevas maniobras «depredatorias» tendrían favoritos frentes: uno, la confusión, invención o sobrevaloración del coste de las obras; dos, la infravaloración de los aprovechamientos y bienes inmuebles municipales con los que el Ayuntamiento las pagaría, y tres, la feroz especulación para poner en el mercado de nuevo esos bienes».