La anulación del PGOU de 2010 de Marbella por el Tribunal Supremo ha puesto en alerta a todas las instituciones de la ciudad, ya que condena al vacío legal a cerca de 17.000 viviendas y cuestiona la ejecución de proyectos urbanísticos a corto y medio plazo, frenando al sector de la construcción. Tres días después, comienzan a darse los primeros pasos para enmendar esta situación, aunque ya se aprecia que no será ni fácil ni rápido. El propio Ayuntamiento de Marbella estima que necesitará seis meses para buscar una solución, una «fórmula de seguridad para todo el municipio».
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Marbella celebró ayer una reunión de urgencia para aunar esfuerzos y plantear posibles soluciones a la anulación del planeamiento urbanístico. La conclusión, según avanzó el alcalde de Marbella, José Bernal, será buscar una solución «transitoria» apoyándose en el PGOU anterior, de 1986, mientras que se elabora una solución definitiva en un plazo de seis meses para que aporte «seguridad para todo el municipio».
El regidor afirmó que entre las vías planteadas para dar una salida al planeamiento urbanístico se encuentra la redacción de un nuevo plan, la modificación amplia del actual y otros recursos legales para el desarrollo urbanístico.
Lo que tiene claro Bernal es que esta «crisis urbanística» supone una «oportunidad» para que el municipio resuelva, de una vez por todas, sus problemas en el ordenamiento urbanístico y ponga fin a «30 años de urbanismo malogrado».
Bernal insistió en que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía «van de la mano» y existe un contacto permanente y coordinado entre ambas administraciones.
Así, el lunes el alcalde se reunirá con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para abordar el asunto, y los técnicos municipales de Urbanismo y los de la Junta también mantendrán un encuentro paralelo para estudiar posibles soluciones.
Además, el Ayuntamiento de Marbella va a celebrar el martes una reunión de carácter consultivo con expertos en materia urbanística, del derecho urbanístico, arquitectos, redactores de PGOU, «que van a contribuir a buscar de una manera más inmediata y ágil la solución», aseguró el alcalde de Marbella.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de la patronal andaluza, Javier González de Lara, reconoció que la anulación del PGOU de Marbella es «un tema tremendamente preocupante, aunque no alarmante -reconoció-, para el mundo empresarial y para toda la sociedad civil».
González de Lara animó a las instituciones a trabajar juntos para buscar una solución «urgente» y por «convertir el problema en oportunidad». No obstante, insistió en que «retrotraerse al PGOU de 1986 no es la mejor solución y obliga a hacer un proceso de reflexión con la mayor celeridad posible para unificar esfuerzos».
«Serenidad, trabajo y unidad son elementos básicos para que Marbella siga liderando el desarrollo económico de la Costa del Sol y para que se aproveche el inicio de este ciclo expansivo de nuestra economía», afirmó.
La presidenta del PP en Marbella, Ángeles Muñoz, que también asistió a la junta de portavoces, manifestó que «hay que buscar soluciones a corto plazo para dar tranquilidad a las miles de familias afectadas por la anulación del Plan».
Reclamó a la Junta que promulgue «normas sustantivas de carácter transitorio» que garanticen la seguridad urbanística y reiteró el apoyo «incondicional» del grupo popular al equipo de gobierno, asegurando que no van a hacer «oposición con esto».
El presidente de la Diputación y del PP malagueño, Elías Bendodo, consideró que «la seguridad jurídica es uno de los elementos claves en el desarrollo económico», por lo que reconoció que la sentencia del Supremo «llega en muy mal momento y no es una buena noticia».
«Estamos ante un momento de la recuperación económica esencial, de empezar a recuperar y a ver la luz, por lo que espero que todas las administraciones, dentro de la legalidad, estemos a la altura y colaboremos a que esto no genere un freno», afirmó Bendodo.
