El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ha enviado a la fiscalía un informe elaborado por un despacho de abogados que apunta a que el anterior gobierno del PP podría haber incurrido en un delito de prevaricación al dejar prescribir un millar de expedientes urbanísticos por valor de 9,1 millones de euros.
El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna (PSOE), explicó tras la junta local de gobierno de los martes que la delegación de Urbanismo había detectado 980 expedientes sancionadores que el anterior delegado del área no llegó a firmar, dejando que prescribieran.
Javier Porcuna señaló que el despacho Gaona abogados advierte de que la prescripción de estos expedientes podría constituir un delito de prevaricación y que si se hubiese producido después de junio de 2015 también podrían haber constituido un delito de malversación de caudales públicos.
La delegación de Urbanismo, según Porcuna, sólo ha podido revisar en torno a un 15% de los expedientes (unos 80), de los que sólo se impulsaron unos ocho. «Si esto continúa así en el resto de los documentos supone un daño y un prejuicio para las arcas municipales muy importante; ahora es la fiscalía la que debe pedir responsabilidades», manifestó el edil.
Por uno de estos expedientes fue imputado el anterior concejal de Urbanismo de Marbella, Pablo Moro, cuyo proceso se anuló tras su trágico fallecimiento en accidente de moto, el pasado 19 de marzo.
Por su parte, el concejal de Opción Sampedreña (OSP) Rafael Piña incidió en que incluso se han producido contradicciones en prensa por parte de los responsables populares y consideró que «el informe habla claramente de que ha podido haber prevaricación».
«Si se confirmara el delito estaríamos hablando de una especie de trato de favor o de desidia por parte del anterior equipo de gobierno», expresó Piña, quien añadió que «el municipio tiene que estar por encima de los intereses personales y nosotros si detectamos que hay algo ilegal tenemos que comunicarlo».
De otro lado, la concejala de CSSP Victoria Mendiola valoró «el envío del informe» y destacó que si se confirma el delito se constataría «una dejadez de funciones», cuestionándose si había «un interés específico» para que se produjeran esos hechos.
Por último, la concejala del PP Chela Figueira sostuvo que desde su formación siempre han actuado «conforme a la ley y nunca se ha dejado prescribir ningún expediente de manera voluntaria». Asimismo, explicó que han solicitado ya el informe enviado a la fiscalía, ya que según el PP, «la credibilidad del portavoz del equipo de gobierno es cero».
