El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha recibido un total de 183 alegaciones en el período de exposición pública del proceso de modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, un procedimiento que va paralelo a la adaptación de este Plan General a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), según explicó a La Opinión de Málaga la concejala del ramo, Isabel Pérez.
La edil indicó que del total de las alegaciones presentadas, 183 en 74 documentos, 34 corresponden a las iniciativas propuestas conjuntamente por el equipo de gobierno y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), mientras que el Partido Popular ha entregado 53 en 10 documentos. El resto han sido presentadas por particulares y colectivos sociales, detalló.
Pérez señaló que el periodo de exposición pública concluyó el pasado 17 de octubre, aunque posteriormente a esta fecha la delegación de Urbanismo ha seguido recibiendo las alegaciones presentadas por correo o en otras áreas, una modificación de las normas urbanísticas que fue aprobada en el pleno el pasado mes de julio.
Los próximos pasos tras la recepción de las alegaciones es la contestación de las mismas, la emisión de los informes técnicos y jurídicos pertinentes y su aprobación provisional en el Pleno de la Corporación.
Pérez indicó que el Ayuntamiento solicitará a la Junta de Andalucía un informe favorable a la modificación de las normas urbanísticas, con las alegaciones que se aprueben incluidas en el texto, y una vez que se cuente con toda la documentación necesaria, se procederá a su aprobación definitiva en sesión plenaria.
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Las modificaciones presentadas por el tripartito y CSSP giran en torno a la edificabilidad y a la compatibilidad de los usos, según dieron a conocer el pasado mes de octubre en rueda de prensa la edil de Urbanismo, la concejal de CSSP, Victoria Mendiola, y la portavoz de urbanismo de este grupo, Carola Herrero.
Así, han propuesto normas para limitar la edificabilidad de los edificios en primera línea de playa, sólo supeditado a casos donde un informe técnico demuestre que no hay impacto ambiental y que no supere la altura de las edificaciones adyacentes, siempre bajo compensación económica al Ayuntamiento, según señaló Mendiola.
Otro tipo de iniciativas tienen que ver con normas relativas a «la compatibilidad de los usos industriales y comerciales con los residenciales», con el fin de evitar que se puedan instalar actividades ruidosas como discotecas o tóxicas, como determinadas industrias, en las barriadas.
Asimismo, el equipo de gobierno y CSSP han propuesto el «endurecimiento de las normas para la protección del arbolado, definiendo al municipio de Marbella como una ciudad ajardinada».
Por otro lado, en las modificaciones a las normas urbanísticas del Plan General de 1986 presentadas, se plantea la obligatoriedad de instalar carriles bici en los viales que cumplan determinados requisitos.
