El jeque y propietario del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, no sólo se ha mostrado dispuesto a acudir a los tribunales para retener el contrato para ampliar el puerto marbellí de La Bajadilla, sino que incluso plantea la posibilidad de recibir una indemnización, de prosperar la anulación del acuerdo para la adjudicación de estas obras a la UTE NAS Marbella -participada de forma mayoritaria por él y de manera casi simbólica por el Ayuntamiento de Marbella-.
«Vamos a acudir a los tribunales de justicia en relación al proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla porque, en primer lugar, hay una garantía bancaria de casi cuatro millones, a favor de la Junta de Andalucía, de cuyos intereses en todo este tiempo no hemos sabido nada. Pero además porque legalmente no tienen derecho a achacarme a mí todo el retraso acumulado», relata el propio jeque catarí.
En cuanto a la responsabilidad que se le pueda atribuir a él, después de casi un lustro sin que ni siquiera se haya puesto una primera piedra, responde: «Como ustedes saben, y todo el mundo bien conoce, hubo durante todos estos años una manipulación por parte de Abdullah Ghubn, Moayad Shatat y BlueBay. Así que lo primero que los juzgados tendrán que hacer es reconocer mis derechos para entonces poder poner en marcha el proyecto», apunta.
Al-Thani ha querido expresar a través de este periódico lo que espera ahora de la justicia española, después de haber conocido de manera oficial la decisión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, entidad dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de resolver el contrato: «Antes de que ninguna otra persona o institución pueda iniciar la gran ampliación prevista en La Bajadilla, tengo plena confianza en que los magistrados sean justos y resuelvan favorablemente tanto este como otros asuntos que me afectan. Y confío en que la Junta sea comprensiva sobre este caso si es que verdaderamente no quiere tener en un futuro ningún problema respecto a nosotros».
Supuestos daños colaterales
Para Al-Thani, no sólo está en juego, ante el inminente proceso judicial que ya ha anunciado, el mantenimiento de la concesión, sino que al mismo tiempo recuerda lo que ha dejado de recibir la ciudad de Marbella y más concretamente las entidades que conformaron la UTE adjudicataria.
En este sentido, el jeque argumenta lo siguiente: «Existe un problema añadido al analizar este proyecto, en cuanto a los inversores de Catar y la propia representación del Ayuntamiento de Marbella que desde el principio se incluyó en la entidad adjudicataria. Porque en estos años no se ha podido desbloquear un asunto que, de haberse hecho realidad, habría generado del orden de 150 millones de euros. ¿Cuáles son las cantidades a indemnizar si se demuestra que los retrasos no son achacables al concesionario de estas obras?», agrega el a su vez presidente del Málaga CF.
