El Ayuntamiento de Marbella se plantea implantar la zona naranja en algunos puntos de la ciudad en sustitución de la zona azul, una modalidad que pretende fomentar la actividad comercial, cuyo uso será gratuito por un tiempo limitado, según avanzó a La Opinión de Málaga el concejal de Movilidad, Miguel Díaz.

La concesión de la zona azul expira en junio de 2017, que ostenta la empresa Setex a la vez que gestiona la grúa municipal, motivo por el cual el Consistorio estudia en estos momentos qué fórmula de gestión aplicar: «En principio se está valorando el realizar directamente el servicio desde el Ayuntamiento», con lo que recaudaría el 100% de los ingresos y no el 40%, asegura Díaz.

Así, como novedad se plantea la instalación en el término municipal de la zona naranja, «un aparcamiento gratuito pero limitado por tiempo, por ejemplo 15 minutos ó 20 minutos, sobre todo para el tema comercial o en zonas donde haya equipamientos públicos para que se pueda hacer alguna gestión rápida», explicó el edil. «Es solamente por un tiempo limitado, si te excedes de ese tiempo gratuito, entonces tendrías que pagar».

«Decidir nuevamente cómo catalogar las calles y cuáles serían zona azul» es otra de las modificaciones que evalúa el Ayuntamiento, ya que han desaparecido los aparcamientos de calles que estaban destinadas a ser zona azul por reformas como Miguel Cano, Notario Luis Oliver, Nabeul o Félix Rodríguez de la Fuente, así como ampliar la zona verde, que es para uso residencial.

Por otro lado, el concejal de Movilidad señaló que se ha encargado un estudio para integrar en la zona azul una red de bicicletas municipal o la recarga de vehículos eléctricos, que deberían ser bonificados «porque es un transporte más para potenciar que los coches sean más sostenibles», valoró.

Fortalecer el que «las personas con diversidad funcional puedan utilizar la zona azul gratuitamente» es otra de las premisas que ha recuperado el equipo de gobierno y que deberá ser recogido en la ordenanza municipal, apuntó el edil.

Díaz recordó que la concesión se otorgó por un período de cinco años e inició su funcionamiento en 2010 con su implantación en Puerto Banús, pero ésta no concluyó definitivamente hasta que se finalizó la obra del soterramiento de San Pedro y se instaló en el núcleo poblacional, momento en el que «se firmó el acto de inicio». Otro de los problemas que se ha encontrado el equipo de gobierno es que la ordenanza contempla calles, y no número de plazas reguladas por zona azul, por lo que otro de los objetivos es marcar un número de aparcamientos y elegir su distribución tras la pérdida de plazas por la reestructuración de calles.

A ello se suma el tema de los parquímetros, cuyo dilema es si cambiarlos o indemnizar a la empresa si se resuelve el contrato, aunque «la idea es cambiar la maquinaria» pero no modificar los horarios».