Los funcionarios y técnicos municipales de la delegación de Derechos Sociales de Marbella reprendieron ayer a la concejala del grupo Costa del Sol Sí Puede (CSSP), tras las críticas que lanzó la edil sobre la gestión del área en las últimas semanas, por lo que no descartan emprender acciones legales si no rectifica sus declaraciones.
Según los trabajadores de la Delegación, las declaraciones realizadas por Mendiola en distintos medios de comunicación «desprestigian el trabajo que se realiza en la Delegación de Derechos Sociales y particularmente la profesionalidad, honorabilidad e imagen pública de sus empleados públicos, dando lugar a una serie de falsas especulaciones en torno al correcto funcionamiento de los servicios públicos sociales».
Además, valoran que la concejala ha criticado el trabajo técnico con «total desconocimiento del funcionamiento de los servicios públicos, en concreto de los Servicios Sociales, y atacando la honorabilidad y el buen hacer de los empleados públicos que prestan sus servicios con total y absoluta profesionalidad».
En este sentido, inciden en que los protocolos, procedimientos y tramitaciones en general que tramitan y gestionan los empleados públicos están sujetos a la ley y responden a los principios del procedimiento administrativo.
Por ello, los trabajadores de la Delegación de Derechos Sociales valora que las intervenciones de la edil dificultan su labor «generando una imagen de desprestigio en la ciudadanía y alentando las agresiones y acciones de violencia, como se viene viendo en los sectores sanitario y educativo».
Los trabajadores del área exigen a CSSP que «se retracte públicamente de sus declaraciones para poner en salvaguarda la honorabilidad y la integridad de los servicios públicos locales en general, y de los Servicios Sociales en particular, así como de los empleados públicos que con todo rigor y profesionalidad prestan sus servicios en los mismos».
De no ser así en su integridad, advierten de que se reservan el derecho a emprender las acciones legales pertinentes tendentes a defender su profesionalidad y honorabilidad.
Esta postura de los empleados públicos de la Delegación de Derechos Sociales surge tras darse a conocer a a la opinión pública la supuesta derivación a despachos privados en la Oficina Municipal Hipotecaria.
