El Ayuntamiento llevará a la exalcaldesa Ángeles Muñoz a los tribunales y pedirá «las responsabilidades que procedan, penales, civiles o patrimoniales» por los daños causados por el personal de confianza contratado por el Ejecutivo del PP la pasada legislatura y que no cesó con la salida del anterior equipo de gobierno, según dijo ayer el portavoz municipal, Javier Porcuna.

El portavoz señaló que la Junta de Gobierno Local aprobó ayer una propuesta del alcalde, José Bernal, de la que se dará traslado a la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento para marcar la hoja de ruta a seguir en relación a estas contrataciones, que se hicieron «sin transparencia, sin concurso y en algunos casos incluso sin la titulación», a través del propio Ayuntamiento, en las empresas municipales y en los Organismos Autónomos Locales.

Los hechos se remontan a 2015 con la entrada del tripartito en el Ayuntamiento, cuando se procedió al despido de 12 cargos de confianza del PP que no cesaron de sus puestos, por lo que éstos acudieron a los tribunales contra la Administración local y por despido improcedente, recordó.

Entre los 12 casos, hay 8 cargos de confianza del PP que se han reincorporado a sus puestos por orden de los tribunales; dos llegaron a acuerdos y otros dos fueron indemnizados, lo que ha causado un daño al Ayuntamiento de unos 400.000 euros, según Porcuna.

El portavoz municipal destacó que el Ayuntamiento cuenta con un informe del Consejo Consultivo que defiende que «estas contrataciones se hicieron sin transparencia, sin concurso e incluso en algún caso sin la titulación preceptiva para el cargo que se ocupaba», y «la incorporación de este personal se ha producido en algunos casos con salarios que están por encima del equivalente en la plantilla municipal».

Por otro lado, señaló que la firmeza de las sentencias justifican los argumentos de la reclamación, ya que Muñoz «actuó de una manera que no le correspondía, ocupando espacios y firmando documentos que tampoco le correspondían y en algún caso incluso se firmaron cartas de recomendación de actividades realizadas dentro del Ayuntamiento por personas que estaban contratadas por sociedades», que valoró como presunto fraude de ley.

Por su parte, el responsable de Personal, Daniel Pérez, recordó que Muñoz es la persona que «suscribe todos los contratos», ya que figuraba como presidenta de los consejos rectores y consejera delegada de las sociedades municipales, los Organismos Autónomos Locales y del Ayuntamiento.

El experto destacó que la propuesta del alcalde plantea un dictamen a la asesoría jurídica para que «interponga cualquier reclamación penal civil o patrimonial» contra Muñoz y dijo que en las contrataciones «concurren posibles delitos de los que podrían participar tanto este personal como la exalcadesa.