La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a Juan Antonio Roca, exasesor y exconcejal de Urbanismo, a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso El Pinillo, un pelotazo urbanístico que según Anticorrupción dañó a las arcas públicas en 6,7 millones de euros.
Pese a todo, ambos han tenido suerte, porque Roca se enfrentaba a 15 años, aunque ha sido absuelto de cohecho, estafa, maquinación para alterar el precio de un inmueble, alteración de una subasta pública y negociación prohibida a funcionarios. Para Muñoz se pedían 11 años de prisión. Ambos tendrán que indemnizar en más 260.000 euros a la dueña de la finca, inicialmente calificada como suelo rústico y que esta cedió al Ayuntamiento a cambio de una alta cantidad de dinero en virtud de una expropiación que jamás cobró. Allí debía levantarse el Palacio de Congresos de Marbella, pero finalmente la parcela, dividida en tres fincas, acabó en manos de terceros que tenían previsto levantar viviendas. Aún hoy, no se ha edificado promoción alguna. Finalmente, en base a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), El Pinillo pasó a ser suelo urbano. La operación arrancó a principios de los noventa y culminó a finales de la pasada década. El responsable civil subsidiario es el Ayuntamiento marbellí.
Lo cierto es que la sentencia es muy favorable a los 21 acusados. Han sido sentenciados siete exconcejales que participaron en una Comisión de Gobierno durante la complejísima tramitación de esta operación urbanística a ocho años de inhabilitación. Asimismo, hay siete absueltos, entre ellos el conocido empresario Javier Arteche.
La sentencia se comunicó ayer a las partes, que asistieron a casi 40 sesiones. El fallo asciende a 200 páginas. De cualquier forma, de haber sido de cárcel las penas impuestas a Muñoz y Roca, tampoco hubiera variado mucho su situación: el primero está fuera de la cárcel por su mal estado de salud y el segundo ya no podrá cumplir más de 20 años de prisión, de los que lleva casi 11 entre rejas y ya está disfrutando de los primeros permisos.
En el apartado de hechos probados, se señala que Jesús Gil, entonces alcalde, ideó un reparto de papeles en el que él gobernaba el municipio desde su empresa y Muñoz actuaba como alcalde accidental.
El Pinillo, una finca rústica ubicada en la zona de Guadalpín, tenía una situación «inmejorable» y era muy próxima al Club Financiero, desde donde Gil gestionaba la ciudad. Gil era amigo de los dueños de la parcela y le explicó que el Consistorio quería adquirirla tras una expropiación. En octubre del 91, se suscribió un acuerdo de adquisición para incorporarla al patrimonio municipal de suelo.
Roca explicó en el juicio que fue Gil quien ideó la operación para ayudar a un amigo, porque el banco le iba a quitar la finca, pero nunca hubo intención de expropiar. Para el tribunal, queda claro el papel de Roca, ya que aunque el plan de Gil era negociar con la finca y ganar dinero con ello, «quien realmente lo lleva a efecto y dispone lo preciso para ejecutarlo, no es otro que Roca».
Los magistrados subrayan la ilegalidad de los decretos de Muñoz, y la califican de «evidente, patente, flagrante y clamorosa», algo que hizo «a sabiendas». El exregidor dijo en el juicio que ignoraba cuestiones jurídicas y que firmaba lo que le ponían por delante. Además, añadió que nunca pensó en desobedecer las indicaciones u órdenes que venían de Jesús Gil, porque en dicho caso sus días en el Consistorio de Marbella estarían contados.
