El juicio por la adjudicación directa en el año 2000 de una vivienda a la hija del exsecretario municipal de Marbella, Leopoldo Barrantes, comenzó este lunes en la Audiencia Provincial con la declaración de los tres acusados. El primero en sentarse ante el micrófono fue el exregidor marbellí Julián Muñoz, y lo hizo para decir que recuerda muy poco de lo ocurrido durante su etapa como alcalde accidental o electo. «De esto hace dieciséis años, en dieciséis años he firmado cientos de convenios, licencias y cualquier otra cosa», dijo, para afirmar después que el «más listo fue el señor Gil, que nunca firmó nada».

En este caso, se enjuicia la adjudicación de una vivienda en Marbella a Carmen Barrantes, hija del exsecretario municipal, por medio de un decreto firmado por Muñoz y su padre en 2000 después de que quedara desierta la subasta pública de la misma. Además, se hizo, siempre según la Fiscalía Anticorrupción, a una valoración muy inferior a la que tendría en el mercado este inmueble, de forma que las arcas públicas resultaron perjudicadas en 45.866 euros. Los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de tres años de cárcel por prevaricación y fraude.

El exalcalde aclaró que él no sabía nada de urbanismo ni de administración pública y que eran los técnicos los que le pasaban los expedientes y decretos a la firma. «Si yo hubiese sospechado que me estaban engañando no hubiera perdonado ni una», precisó. Luego, negó ser amigo de Barrantes o su hija o haber recibido presiones por parte del alto funcionario para adjudicar la vivienda a la beneficiada.

Barrantes, por su parte, explicó que él firmó el decreto de alcaldía pero para reconocer que la rúbrica del alcalde era efectivamente la de Julián Muñoz, dando fe pública, y aseguró que lo normal es que el 90% de las subastas y los concursos quedaran desiertos de forma que luego se adjudicaban los bienes. Afirmó que no le gustó que su hija solicitara la vivienda, pero nunca contempló el ofrecimiento de un bien a nadie. Tampoco comprobó que el procedimiento se adecuara a derecho o no, «porque lo daba por hecho». Tampoco tuvo nada que ver con la valoración de la casa, pero si hubiese sido incorrecta consideró que el interventor hubiera hecho un reparo. Tampoco hubo un convenio previo con su hija y afirmó que de los expedientes se han perdido muchos papeles.

Carmen Barrantes, funcionaria del Ayuntamiento, aseguró haber presentado un escrito cuando supo que la subasta había quedado desierta, documento que no se ha localizado por ningún lado. La fiscal le preguntó por qué contrató la luz y el agua antes de que le adjudicaran la casa, a lo que ella contestó que no había otro postor.