03 de mayo de 2017
03.05.2017
Educación

A la Junta le crecen los problemas con los monitores escolares

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03.05.2017 | 14:28
Manifestación de monitores del plan de choque en Sevilla.

Es un tema que lleva enquistado en el debe de la Consejería de Educación al menos desde hace once años. Y a la Junta no paran de crecerle los problemas, sobre todo a raíz de 2013. Ahora se reproduce con una nueva sentencia favorable a los intereses de los monitores del plan de choque que despidió en su día para tener que readmitir a otros que también cesó y a los que tuvo que admitir por orden judicial.

Esta situación rocambolesca se remonta a noviembre de 2013. Entonces, la administración decidía despedir a los trabajadores de administración y servicios que realizaban su función en los colegios públicos a través de empresas externas, después de más de siete años con contratios precarios y con salarios inferiores a los que percibía el personal propio de la Consejería de Educación.

En la provincia de Málaga estaban afectados por esta situación unos 166 monitores, que trabajaban en un centenar de colegios de Infantil y Primaria.

Los echó para contratar personal propio y realizar así directamente estos servicios. Se favoría el empleo público, pero se prescindía de la experiencia adquirida por quienes habían ocupado estos puestos todo este tiempo.

Para evitar que los puestos quedaran desasistidos de estas importantes tareas relacionadas con la secretaría de los colegios e institutos, la Consejería de Educación elaboró un plan de choque con carácter de urgencia y contrató temporalmente, por un año, a nuevas monitoras que sustituyeron a las anteriores, que ya habían, por su parte, denunciado a la Junta ante los tribunales.

Cuando comenzaron a llegar las sentencias favorables, la Junta de Andalucía se vio obligada a readmitir de nuevo a los monitores del colectivo anterior y, en consecuencia, a cesar a los contratados en el plan de choque en noviembre de 2014, antes de que se cumplieran los contratos que habían firmado. Unos 150 trabajadores en la provincia de Málaga se vieron afectados por este giro de los acontecimientos y también acudieron a la vía judicial para reclamar unos derechos que, desde su punto de vista, habían sido pisoteados por la Administración.

Ahora, según una sentencia del 7 de septiembre del Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga, se estiman las demandas de 87 trabajadoras de la Delegación de Educación de Málaga que formaban parte de este plan de choque y se declaran los ceses de las demandantes como despido improcedente.

Esto da opción a la Junta a la readmisión o a una indemnización. El sindicato Ustea considera que «no existen motivos éticos ni políticos razonables para que la Junta de Andalucía discrimine ahora a este colectivo» después de que readmitiera a sus homólogas por mandato judicial en 2014.

El sindicato recuerda que es un colectivo formado muy mayoritariamente por mujeres, que accedieron en su día a contratos precarios de empleados públicos de la Junta, a tiempo parcial de 8, 12 ó 20 horas semanales. «Contratos realizados en fraude de ley y posteriores despidos que afectaron a casi 800 trabajadores en toda Andalucía».

Por este motivo, estas trabajadoras apelan directamente a Susana Díaz para que se implique de igual forma y tenga igual sensibilidad ante el mismo problema.

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