El pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer de manera definitiva el Reglamento orgánico de coordinadores y directores generales con 14 votos a favor del gobierno tripartito -PSOE, IU, OSP- y CSSP y 12 en contra del grupo popular, un texto que permitirá la contratación de estos empleados públicos bajo los principios de mérito y capacidad.

El portavoz municipal, Javier Porcuna, especificó que se han modificado los artículos 1, 6, 7 y 8, que «siguen manteniendo como guía los principios de capacidad y mérito, así como la garantía de publicidad y concurrencia en el procedimiento» de contratación de estos cargos directivos, remarcó.

Porcuna añadió que el nuevo reglamento habla de «nombramientos entre personal funcionario de carrera del Estado, de las CCAA, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a los cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1 y se abre la puerta a personas que no cumplan la condición de funcionario en el caso de que exista una reconocida experiencia y competencia para ese cargo».

En este sentido, lamentó la alegación presentada por el PP al reglamento para la contratación de personal funcionario y recordó la etapa en la que gobernó, con Ángeles Muñoz a la cabeza como alcaldesa, en la que «eran estos coordinadores y directores generales quienes soportaban el peso de la gestión municipal». Sobre los mismos, cuestionó el proceso de selección, hoy investigado por los tribunales por presunto delito de malversación.

Además, Porcuna recordó el periplo por el que ha pasado el equipo de gobierno para sacar adelante el reglamento, con el que pretende marcar las reglas del juego en la contratación de personal de alta dirección y que desde «el PP se atacó duramente con multitud de apariciones públicas y ruedas de prensa, y casualmente en paralelo, desde la Abogacía del Estado se planteó una medida cautelar que suspendía su efectividad».

Ello ha provocado, según el portavoz municipal, «esperar pacientemente a la resolución judicial con una estructura municipal desmontada, añadiendo una dificultad más a la difícil situación administrativa heredada».

Por su parte, el concejal de CSSP, José Carlos Núñez, detalló que podrán ser directores generales los funcionarios de categoría A1 o los cargos de confianza del equipo de gobierno, en cuyo caso amortizarían su plaza como personal eventual y no podrán percibir un salario superior al que cobran los cargos de confianza.

El reglamento de directores generales recoge el nombramiento de dos funcionarios con competencias para tratar de fomentar el alquiler de viviendas a precios asequibles y el transporte urbano.