­El urbanismo de Marbella vuelve a los tribunales. Hoy acude al juzgado de Instrucción número 3 a declarar en calidad de testigo el urbanista encargado de redactar el Plan General de Ordenación Urbana de 2010 (anulado por el Tribunal Supremo en 2015), Manuel Ángel González Fustegueras, en el procedimiento que investiga la supuesta alteración de planos del texto urbanístico.

Junto a Fustegueras acudirán hoy a declarar en calidad de testigos al exconcejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, y el exdirector general de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Carlos Fernández-Rañada.

La investigación judicial motivada por la denuncia interpuesta por la plataforma «Ni un metro de Marbella para otra población», contra el deslinde entre los términos municipales de Marbella y Benahavís, avanza así un paso más en el esclarecimiento de los presuntos cambios introducidos en el Plan General de 2010.

Para ello, el juez Dívar llamará también a declarar mañana, día 23 de mayo, en calidad de investigados al entonces vicesecretario del Ayuntamiento de Marbella y a la exconcejala de Urbanismo en la primera legislatura del PP, Alba Echevarría, según el auto del juez al que ha tenido acceso este periódico.

La abogada Cristina Falkenberg, miembro de la plataforma ciudadana contra el deslinde, valoró la citación judicial porque «quiere decir que la investigación sigue adelante». Falkenberg recordó que es el juez «quien sabe a quién tiene que investigar», por lo que el colectivo entendió que «era una presunta falsificación del PGOU».

La plataforma ya pidió en febrero la trazabilidad, es decir, la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo con el documento presentado el 29 de julio de 2009 por el equipo redactor del PGOU de 2010, que incluía cambios sustanciales en el texto, y que no fue aprobado por el Pleno, según destacó la arquitecta Carola Herrero.

Por la misma fecha, el PSOE de Marbella pedía que declarasen como testigos Fernández Rañada y el equipo redactor del Plan General, tras personarse en la denuncia interpuesta por la plataforma antideslinde como acusación popular.

En la querella que presentó al juzgado, el PSOE expone una cronología de los hechos que la motivan, entre los que destacaba la aprobación en el pleno del 18 de diciembre de 2008 del inicio del expediente de deslinde entre los municipios de Marbella y Benahavís, donde señalan que Muñoz «se inhibió en el voto al manifestar expresamente que su familia tenía intereses inmobiliarios en la zona».

Prosiguen las causas de la querella argumentando que el equipo redactor del PGOU entregó la versión definitiva el 12 de julio de 2009 «consignándose los planos, las fichas urbanísticas y la memoria del PGOU que iba a ser aprobado en Pleno», adquiriendo naturaleza de documentos públicos «al ser aprobados en Junta de Gobierno Local y diligenciados por el secretario de dicha Junta».

Por otro lado, la querella señala que entre la tarde del 28 y la madrugada del 29 de julio de 2009 y según acredita el decreto del Fiscal del 1 de agosto de 2016, presuntamente «se alteran 22 planos de ordenación del PGOU de Marbella», el 30% del municipio.