La exconcejala de Urbanismo de Marbella en la primera legislatura del PP, Alba Echevarría, investigada en la causa que sigue un juzgado de instrucción de la ciudad para tratar de esclarecer supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, aseguró ayer que los cambios en el planeamiento «los hizo quien los hizo y no quién se está diciendo o planteando», en alusión a la Junta de Andalucía.
La exedil, que atendió a los periodistas tras comparecer ante el juez, explicó que el equipo redactor del PGOU, liderado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, introdujo las modificaciones a instancias de la Junta para dar cumplimiento a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. «A consulta previa, el Consejo Consultivo decía cómo tenían que hacerse las cosas», apuntó.
La exedil, que permaneció unas cuatro horas en la sede judicial, añadió que el dictamen formaba parte del expediente del PGOU y que «en todo momento era conocido por todos».
«La verdad tiene sólo un camino y el camino es que todo estaba muy legal. Estoy segura de que, al final, se acreditará que los cambios los hizo quien los hizo», señaló.
La comparecencia de Echevarría coincidió con la de otro investigado en la causa, el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, cuyo abogado, Diego Martín Reyes, aseguró que «todos los concejales sabían desde el 27 de julio de 2009, dos días antes del pleno en el que se aprobó el PGOU de forma provisional, que se iban a modificar las lindes entre Marbella y Benahavís porque así lo había dicho el Consejo Consultivo y tenían conocimiento pleno del Consejo Consultivo».
El abogado añadió que el vicesecretario hizo mención a un escrito de suspensión de licencias y al de modificación de las lindes y así quedó incorporado a la documentación del expediente.
«Hay un pleno urgente porque los concejales deciden por unanimidad que sea urgente. Y cuando el edil Enrique Monterroso pide que el asunto quede sobre la mesa, no lo secunda nadie. Se le ofreció a los concejales que preguntaran alguna aclaración y ninguno preguntó nada», agregó.
El vicesecretario «ha aclarado perfectamente cómo se desarrolló el pleno. Se ha visionado el pleno en cada minuto de su intervención y lo que iba sucediendo», indicó Martín Reyes.
La tercera investigada es la exregidora Ángeles Muñoz que, debido a su condición de senadora, es aforada, por lo que no puede ser citada por un juzgado de instrucción.
