07 de junio de 2017
07.06.2017
Tribunales

El exjefe de Policía Local Rafael del Pozo pierde su condición de funcionario

El que fuera jefe de la Policía Local durante la era GIL no puede ejercer como jefe, ni como policía, aunque puede presentarse a futuras plazas

07.06.2017 | 05:00
El exjefe de Policía Local Rafael del Pozo pierde su condición de funcionario

El que fuera jefe de Policía Local de Marbella en la era GIL y condenado por cohecho en el caso Malaya, Rafael del Pozo, ha perdido su condición de funcionario público, según el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, del cual se dio cuenta ayer en la Junta de Gobierno Local, según avanzó el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna.

El portavoz del tripartito destacó que según el fallo judicial Del Pozo «no puede ejercer como jefe de policía ni como policía actualmente aunque se ha cumplido el período de inhabilitación, con lo cual podría presentarse nuevamente a nueva plaza que surgiera en algún punto».

Según el fallo que da respuesta al recurso de súplica presentado por el Ayuntamiento, «la pena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público impuesta a Rafael del Pozo conlleva la pérdida definitiva de su condición de funcionario público y, en su consecuencia, la de poder ejercer el cargo de jefe de la Policía Local o de policía en cualquier población».

Además, debido al tiempo transcurrido desde la suspensión del empleo «procede dar por cumplido el periodo de inhabilitación para poder presentarse ex novo a las oposiciones de policía de cuya condición ha sido privada», explicó Porcuna.

Por otro lado, el portavoz municipal informó de que el PP ha interpuesto un recurso Contencioso Administrativo contra el acuerdo de pleno de 17 de enero de 2017 en el que se aprobó la modificación del Reglamento de coordinadores y directores generales a instancias de la Abogacía del Estado (aprobado de manera definitiva el pasado mes de mayo), solicitando medidas cautelares y en concreto la suspensión del texto, algo que se ha encajado con sorpresa desde el equipo de gobierno.

«Es un boicot claro al funcionamiento del Ayuntamiento ya que esas alegaciones van en contra del funcionamiento que tuvo el PP en su época», dijo Porcuna, quien destacó la importancia del trabajo de los directores generales.

El PP alegó en el pleno que «el espíritu de la ley era que fuesen funcionarios», algo que no es así según el área jurídica del Ayuntamiento «porque su nombramiento es una capacidad del alcalde y le limitaría para ello», aseguró.

El proceso para acceder a las plazas de directores generales viene determinado en los artículos 6 y 7 del reglamento. En ellos se establece por un lado, que los candidatos fuesen funcionarios de la categoría A1 (licenciado/graduado), pero por otro, deja abierta la posibilidad de elegir a personas de reconocido prestigio y experiencia en una actividad determinada, según afirmó el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna.

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