28 de junio de 2017
28.06.2017
Tribunales

Mantienen la acusación a Julián Muñoz y absuelven a siete exconcejales

Anticorrupción lo acusa de malversación y prevaricación administrativa por la compra y alquiler de locales del puerto

28.06.2017 | 05:00

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer la acusación contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por malversación de caudales y prevaricación administrativa tras las irregularidades detectadas en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo. El juicio comenzó el lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y ayer el fiscal y el Ayuntamiento de Marbella modificaron sus escritos y retiraron la acusación para los siete exconcejales del GIL sentados en el banquillo de los acusados. Debido a la retirada de la acusación de estos exediles, el tribunal dictó sentencia in voce a dichos procesados y les absolvió, por lo que pudieron abandonar el banquillo de los acusados aunque la mayoría serán conducidos a prisión ya que cumplen condena por el caso Malaya.

Junto a Julián Muñoz continuaron en el procedimiento como acusados el secretario municipal Leopoldo Barrantes y un empresario que supuestamente participó en las irregularidades cometidas en la compra y alquiler de locales. Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella modificaron sus acusaciones contra Julián Muñoz y los otros dos acusados que se han quedado en el procedimiento y plantearon alternativas, por lo que las defensas pidieron un aplazamiento para preparar sus informes finales. Tras una pequeña deliberación, la Sala permitió un aplazamiento hasta el próximo 12 de julio, cuando previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia.

El fiscal mantiene que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la «arbitrariedad y el abuso de poder» y que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios. Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.

Años más tarde, en 2000, el empresario acusado solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento. El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció «sin publicidad ni concurrencia», beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas más beneficiosas. Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas. Esta causa surgió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella. Julián Muñoz declaró el lunes que firmó porque siempre daba credibilidad a los informes técnicos y aseguró que él no tenía voluntad política, que la tenía el fallecido Jesús Gil.

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