El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, destacó ayer la necesidad de crear una ley base a nivel nacional que unifique bajo el mismo criterio la regulación de las viviendas de uso turístico, cuya normativa es competencia de las comunidades autónomas, al sacar el Estado este tipo de arrendamientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, quedando con ello dentro del ámbito turístico y siendo competencia exclusiva de las regiones.

Así lo expresó el representante autonómico en la inauguración del «II Congreso de Derecho Turístico», celebrado ayer en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella, al que asistieron el alcalde, José Bernal, y el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara.

En el encuentro se abordó el efecto de la economía colaborativa en la industria turística, resaltando el consejero el decreto andaluz de viviendas con fines turísticos, creado «para ver cuáles son clandestinos y cuáles no» a falta de una normativa estatal.

«Hace falta una normativa de base que unifique todo el territorio nacional, que todos tengamos una normativa que haga que las viviendas de uso turístico no sean una ventaja competitiva entre un destino y otro, y sobre todo, que quien quiera tener una actividad la tenga con una regulación que garantice a los usuarios que esa actividad económica tiene un mínimo de garantía legal», señaló.

Otra de las ventajas de esta unificación, según Fernández, es «que la calidad que tenemos que tener como destino tenga una base y solicitemos el compromiso de los copropietarios de estas viviendas, un compromiso con la calidad que tiene que ofrecer Andalucía», además de luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, agregó.

En este sentido, señaló que la normativa andaluza va en esa línea, «atendiendo además a las indicaciones del Ministerio de Economía através de la Agencia Tributaria y del Ministerio del Interior», desarrollando «una normativa que garantiza todo ello, pero que también es capaz de adaptarse a esta nueva modalidad, como las viviendas con finalidad turística».

Fernández valoró la celebración del congreso en Marbella, que persigue «darle este marco jurídico de garantías a estos nuevos fenómenos que están viniendo al turismo» de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías para garantizar la calidad de la oferta turística andaluza. Además, valoró la importancia «de hacerlo de la mano del Colegio de Abogados de Málaga», al que agradeció mirar este problema «desde un punto de vista jurídico, más allá que el normativo, que podemos ofrecer desde las instituciones».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez Lanzac, defendió la idea de unificar criterios y establecer una normativa estatal común, al menos en la denominación de cada decreto autonómico y destacó que el sector «está poco a poco regularizándose», aunque valoró que, tras cumplirse un año de la aplicación del decreto andaluz, hay «casuísticas en las que muchos operadores han quedado fuera aunque quieran legalizarse», como es el caso de propietarios de viviendas que quieren destinarlas a fines turísticos en Nerja o Marbella.

En el caso de Marbella, al carecer de un Plan General de Ordenación Urbana no se pueden dar las licencias de ocupación, lo que afecta a gran parte de las viviendas ilegales que hay en el término municipal, y por lo tanto, «la declaración responsable que se presenta a la Junta es errónea y podría tener una sanción».

La solución pasaría, según el experto, por trabajar de manera conjunta con la Administración autonómica «y buscar qué tipo de documentos pueden aceptarse en sustitución de la licencia de ocupación».

Junto a este escollo para legalizar las viviendas, Pérez Lanzac apuntó a otros obstáculos como «tener más de una vivienda en un entorno de un kilómetro», lo que supondría cambiar la tipología de vivienda a apartamento turístico y tener que cumplir unos requisitos más exigentes conforme a la Ley de Turismo de 2012 que no todos los propietarios pueden cumplir. Además, las viviendas turísticas tienen que tener aire acondicionado obligatoriamente «cuando en otras comunidades no se exige».

«Desde el sector entendemos que la calidad turística es fundamental, no es algo negociable y planteamos que el objetivo del decreto era que aflorase todo ese inventario de viviendas en Andalucía». Desde mayo de 2016, se han presentado un total de 27.226 declaraciones responsables -el 59 por ciento en la provincia de Málaga- para el inicio de la actividad como vivienda con fines turísticos. De ellas, casi el 79 por ciento (21.445 viviendas) ya están inscritas de oficio en el Registro de Turismo, que representan 114.000 plazas de alojamiento. Asimismo, se han realizado 4.166 actuaciones inspectoras.