El portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, aseguró ayer que el exedil andalucista Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y ha sido detenido en Argentina, «no se puede permitir que de forma tan sencilla se burle al Estado de Derecho» y considera que es «una obligación de nuestro país conseguir que dé explicaciones de lo que un día sucedió aquí».

«La autoridad argentina me imagino que aplicará los tratados internacionales en vigor y espero que a la mayor brevedad posible proceda a la extradición de esta persona y responda ante la justicia», apuntó el portavoz del Ayuntamiento -administración que está personada como acusación en el caso Malaya-, apuntando que «si tiene que devolver algún dinero al Consistorio, que lo haga a la mayor brevedad posible porque ese dinero es de los vecinos».

Fernández, además de estar inmerso en varios procedimientos, como Malaya, fue condenado en 2005 a dos años de cárcel y tres de inhabilitación por un delito de malversación de caudales por irregularidades en subvenciones del Consistorio marbellí destinadas al pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. Además, se impuso a éste y el otro condenado el pago solidario de 82.639 euros al Ayuntamiento.

Romero añadió que el Ayuntamiento tiene la obligación moral de seguir al frente de las acusaciones en los procedimientos en los que se dirimen recursos del Consistorio y la instrucción del Ayuntamiento es «mantener la acusación hasta que consigamos que el último euro vuelva a las arcas municipales».

«El día que el último euro vuelva al Ayuntamiento, para nosotros esos procedimientos tendrán una importancia relativa. Mientras, vamos a mantener las personaciones y pelear»,agregó Félix Romero, quien dijo que «el que tenga una responsabilidad o cumple con su obligación de reintegrarlo al Consistorio o que sobre él caigan las consecuencias de la Justicia».

Según el portavoz, el afán del Ayuntamiento independientemente de los equipos de gobierno que lo hayan regido ha sido «conseguir que se reintegre el dinero que desapareció del Consistorio», apuntando que hay aún procedimientos judiciales en marcha contra antiguos miembros del equipo de gobierno por lo que Fernández debe estar presente en ellos.

«No tenemos ningún interés especial en que nadie esté privado de libertad, pero sí en que ese dinero vuelva y se explique qué sucedió en el Ayuntamiento para que no vuelva a pasar. Por eso es importante que este señor, con sus derechos, comparezca y nos cuente su verdad. Y si tiene que devolver algún dinero, que lo haga a la mayor brevedad posible porque ese dinero es de los vecinos», sentenció Romero.