29 de septiembre de 2017
29.09.2017
Tribunales

El fiscal cree que el caso Malaya no ha prescrito para Carlos Fernández

El ministerio público reclama la extradición del exconcejal del PA y del GIL al entender que el plazo de prescripción del delito de cohecho es de 15 años - La acusación cree prescrita la condena a dos años

29.09.2017 | 05:00
Carlos Fernández.

La Fiscalía de Málaga pidió ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que llevó el caso Malaya, contra la corrupción en dicho municipio, que expida solicitud de extradición por esta causa respecto del exedil marbellí Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y permanece detenido desde hace unas semanas en Argentina. Entiende que el delito que se le imputa en este procedimiento no está prescrito.

Así lo aseguraron a Europa Press fuentes judiciales. Fernández se fugó en junio de 2006, en plena segunda fase de la operación Malaya, contra la corrupción en la localidad, y desde entonces se desconocía su paradero hasta ahora. Pero, el auto de procesamiento dictado por el instructor en dicha causa, en julio de 2007, sí se dirigió contra él.

Así, la Fiscalía considera que en la requisitoria internacional dictada por dicho juzgado en octubre de 2006, decretando la busca y detención de Fernández, se concretaba la imputación como presunto autor de un delito de cohecho y entiende que al hablar de prescripción de un delito hay que tener en cuenta las penas que se establecen en abstracto en el Código Penal, según las fuentes.

Dicha norma –se tiene que aplicar el Código Penal de 1995 – contempla para este delito penas de prisión de dos a seis años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 12 años.

Para el fiscal, el plazo de prescripción de dicho delito es de 15 años ya que una de las penas, la de inhabilitación, es de más de diez años. Así, considera que no está prescrito tomando cualquiera de las fechas, ya sea la comisión de los hechos, que serían los años 2004 o 2005, o cuando se dictó el auto del juzgado con la busca y captura en 2006.

Por esto, pide que el juzgado expida la solicitud de extradición a las autoridades argentinas para poner a disposición de los tribunales españoles al exedil para que pueda ser enjuiciado por los hechos por los que fue procesado.

En el auto de procesamiento se indicaba que en los archivos informáticos hallados en la sede de la sociedad Maras Asesores, del principal condenado en Malaya, Juan Antonio Roca, aparece como uno de los destinatario de sobres unas iniciales que los investigadores asociaron al exedil. Así, se precisaba que «habría recibido al menos 150.000 euros, sin contar cantidades que aparecen innominadas».


La condena, prescrita

Por otro lado, en el caso de la condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, juzgado por el procedimiento de jurado, la Fiscalía entiende que está prescrita, ya que el Código Penal establece un plazo de prescripción de cinco años para penas menos graves de menos de tres años de prisión, como es este caso. En este caso, insta a que se declare extinguida la responsabilidad penal.

Esta condena se produjo después de que un jurado popular lo considerara culpable de malversar 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí.

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