El Ayuntamiento de Marbella va a solicitar la extradición de Carlos Fernández al considerar que sus responsabilidades en el caso Malaya no han prescrito, según anunció ayer el portavoz municipal, Félix Romero.
El Consistorio, acusación particular en el procedimiento judicial, se apoya en una sentencia en la que el Tribunal Supremo condena a los compañeros de Fernández por un delito continuado de cohecho y que, según Romero, determina que el plazo para que prescriban las responsabilidades del exconcejal del PA se amplía a los 15 años.
«En la sentencia, el Supremo establece que se dictaron resoluciones injustas de forma sucesiva en el tiempo estimuladas por las dádivas que realizaba Juan Antonio Roca (exasesor de Urbanismo en la época del GIL), que era el que abonaba esas cantidades», explicó Romero.
La postura del Consistorio, señaló el portavoz, cuenta con el beneplácito de la asesoría y el gabinete jurídico municipales y contrasta con la de la defensa legal de Fernández, que mantiene que las responsabilidades prescribieron a los diez años.
Otra razón que esgrimió Romero para sumarse a la petición de la extradición es el clamor de los vecinos, que, según el portavoz, quieren que ofrezca explicaciones ante un tribunal y que no entenderían que una triquiñuela judicial permitiera a Fernández «irse de rositas» a pesar del perjuicio que causó al municipio. «Es vital que se esclarezca y se cierre de una forma definitiva la herida que supusieron estos hechos para Marbella», indicó.
El Ayuntamiento sigue así el mismo criterio para solicitar la extradición del exconcejal, fugado de la Justicia en 2006 y detenido en Argentina el 15 de septiembre, que la Audiencia Nacional, la Fiscalía de Málaga y la Fiscalía Anticorrupción. «El deseo del Ayuntamiento es que Carlos Fernández dé las explicaciones oportunas en sede judicial y en España», señaló Romero.
El portavoz aseguró que el Ayuntamiento no ha cobrado las cantidades millonarias que perdió en los hechos que se investigan en el caso Malaya a pesar de contar con sentencias judiciales, por lo que confía en que los implicados en el procedimiento puedan dar el norte para recuperarlas.
«Es fundamental que todas las personas que estuvieron implicadas en la trama que se organizó en la época anterior a la disolución de la corporación municipal den todas las explicaciones pertinentes de lo que sucedió y de adónde fue el dinero que desapareció y cómo recuperar las cantidades millonarias y que a fecha de hoy no se han restituido al erario público», dijo.
