Las polémicas y las supuestas irregularidades en torno al tanatorio de San Pedro, que entró en funcionamiento a principios de 2017, afectan en distinta medida a los partidos que han articulado la escena política de Marbella en los últimos 25 años.
Sobre el recinto pesan dos causas judiciales. Una de ellas, conocida a principios de la semana pasada, se refiere a la denuncia que la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado ante el Juzgado Decano de Marbella para investigar si la concesión de la licencia de actividad del tanatorio pudiera ser constitutiva de delito. El fiscal presentó la denuncia, que ha caído en el Juzgado de Instrucción número 2, al no obtener la información al respecto que solicitaba al Consistorio desde el 25 de mayo. La autorización la concedió en noviembre el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, cuya formación, Opción Sampedreña, gobernaba entonces el municipio en coalición con PSOE e IU.
Piña, que sigue desempeñando el mismo cargo tras la moción de censura impulsada por PP y OSP, aseguró a mediados de semana que no había tenido acceso al informe de Fiscalía, por lo que, señaló, desconocía los términos en los que éste se pronuncia.
El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, el otro edil de OSP y que también ocupaba el mismo cargo con el anterior equipo de gobierno, sostiene que la licencia de actividad del recinto se otorgó en base a los informes municipales de los técnicos.
El solar sobre el que se edifica el tanatorio lo adquirió el Ayuntamiento a principios de la década de los 2000, entonces gobernado por el GIL. La parcela, según un vecino cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, pertenece a una urbanización y no puede albergar otra construcción que no sean viviendas.
La segunda causa alude a la anulación por parte de un juzgado de Málaga de la licencia de obras del tanatorio, firmada a principios de 2015 por el excoordinador de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, Carlos Rubio. El gobierno de coalición integrado por PSOE, IU y OSP anunció a finales de mayo que recurriría la sentencia para defender los «intereses del Ayuntamiento».
El recinto, según el vecino, carece de las plazas de aparcamiento que contempla la ley y de acceso para minusválidos, entre otras deficiencias.
«Esto es un parche. Lo saben los políticos y todos están callados. Es un tema que no les gusta porque cerrar esto no daría votos a nadie», opina el vecino, que señala como «responsables directos» a Ángeles Muñoz (actual alcaldesa y regidora entre 2007 y 2015) y Piña.
