El juicio contra el exconcejal Esteban Guzmán, fugado desde 2012 por el caso Saqueo 2, que analiza el desvío de dinero público del Ayuntamiento de Marbella en la etapa de Jesús Gil como alcalde, se retomó ayer jueves con declaraciones de los último testigos y las exposiciones de las partes, donde el Ministerio Fiscal solicitó que contemple una rebaja de la pena para Guzmán, una petición a la que se adherió la acusación popular. Por su parte, pidió que se absuelva al exconcejal. Después de que el juicio, que se celebró en la Audiencia Nacional, se iniciara el 25 de octubre con la declaración de Guzmán, seguida de la del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, como testigo; continuó el 26 con la testifical del que fuera secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes y se cerró con las declaraciones de otros dos testigos y la exposición de las solicitudes de las partes, quedando visto para sentencia. El Ministerio Fiscal entendió que, tras lo expuesto en las dos jornadas anteriores demostró que «hay una merma» de la responsabilidad de Guzmán sobre lo que se le acusa ya que, según expuso, «quedó acreditado que el acusado tenía una menor responsabilidad» en los hechos «que algunos de los testigos». Solicitó, en base a su «situación persona», que «una pena que se solicita de tres años sería desproporcionado» porque no sería posible la reinserción del acusado tras el cumplimiento de la misma. También pidió que la sentencia se adecue a la situación de salud del acusado. A pesar de solicitar el atenuante, el Ministerio Fiscal concretó que Guzmán sí que debe ser condenado, ya que «durante muchos años ha sido una pieza clave» del Consejo de Administración de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público que creó el Ayuntamiento de Marbella. A esto añadió que «debe responder» y aceptar las responsabilidades de firmar contratos que suponían irregularidades porque «ha propiciado desde la aparente legalidad» los delitos que se cometieron en el Ayuntamiento.
