El PSOE ha presentado una alegación a la adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) en la que pide que el Plan reconozca el suelo urbano consolidado.
La falta de este reconocimiento, señaló ayer el PSOE, ha perjudicado a áreas de histórico desarollo urbano del municipio, como Nagüeles, La Carolina, Real de Zaragoza, Valle del Sol o Nueva Andalucía. Son áreas en las que se ha perjudicado mucho a los propietarios de parcelas que decidieron cumplir la Ley al no desarrollarlas irregularmente y que en los últimos años han visto, primero, con el PGOU de 2010 que se les imponían cargas injustas, y después, que carecían de los instrumentos de desarrollo necesarios según Ley, como el Proyecto de Urbanización, según explicó el concejal socialista Javier Porcuna.
El PSOE pide también que se solucione la cuestión del recinto ferial, un equipamiento «que se previó en el PGOU de 2010 y que, debido a la nefasta gestión urbanística entre 2010 y 2015, fue el equipo de gobierno del PP incapaz de ganar para la ciudad, hurtándose así a la obligación de una diligente gestión del espacio público».
Se trata, según el concejal Javier Porcuna, de un equipamiento fundamental para el desarrollo turístico fuera de temporada de Marbella, que puede tener otros muchos usos «y que no debe quedar al albur o capricho de nadie». «Debe obtenerse de forma definitiva porque es una demanda ciudadana constante y obviada por el PP durante ya demasiado tiempo», agregó.
Porcuna señaló que la adaptación del PGOU de 1986 a la LOUA la realizó «un equipo independiente y sin injerencia política» y es en la fase de presentación de alegaciones «cuando corresponde poner el acento en la gestión política del documento».
Las alegaciones que presenta el PSOE «versan sobre el refuerzo de la seguridad jurídica de los administrados y la salvaguarda de la función social de la vivienda», agregó.
Por ello, el PSOE pide que se incorporen las sentencias judiciales que sean firmes «y cuantos actos propios del Ayuntamiento den lugar al reconocimiento de derechos que hasta la fecha han tenido que ser exigidos por los administrados en los juzgados de lo contencioso-administrativo», apuntó el edil.
