El exconcejal de Marbella Carlos Fernández, que estuvo fugado once años, desde el inicio de la operación Malaya y fue detenido en septiembre en Argentina, podría ser extraditado a España por uno de los seis delitos de los que se les acusa, concretamente por el caso Saqueo II.
Así lo puso ayer de manifiesto el fiscal federal general Francisco Maldonado durante la vista celebrada en un juzgado argentino en la que se presentaron los alegatos contra la petición de extradición por parte de varios juzgados de España
Los abogados en Argentina del exedil de Marbella Carlos Fernández mantuvieron ayer que están prescritas las seis causas por las que se reclama la extradición. Sin embargo, el fiscal argentino considera que han prescrito todas salvo la del caso Saqueo II, de la que es competente la Audiencia Nacional. En este sentido, está previsto que el juez se pronuncie sobre la extradición el jueves, 21 de diciembtre, a las 10.30 horas.
El letrado y hermano del exedil, Antonio Fernández, se mostró satisfecho por el hecho de que «se está viendo que las causas están prescritas, como nosotros venimos manteniendo», incidiendo en que si finalmente el juez acuerda la extradición por el caso Saqueo II, como ha pedido el fiscal argentino, «defenderemos hasta el final la prescripción aquí en España».
El Juzgado Federal 2 de San Juan acogió ayer la vista, que inicialmente estaba fijada para principios de diciembre y se suspendió, sobre la extradición de Fernández, después de que el Consejo de Ministros acordara remitir a las autoridades de Argentina seis expedientes de solicitud de extradición por diferentes delitos durante su actividad como concejal.
La primera de las solicitudes de extradición se fundamentaba precisamente en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia al caso Saqueo II, por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil durante los gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL).
Este caso se investigó en el Juzgado Central de Instrucción 2 y el ministerio fiscal acusó provisionalmente al exedil de los delitos de malversación de caudales y de falsedad, solicitando nueve años de prisión y más de 7,8 millones de euros de responsabilidad civil.
Las restantes cinco solicitudes de extradición remitidas por España corresponden a tres juzgados de instrucción de Marbella, tras solicitarlo la Fiscalía. Entre ellas se encuentra la petición por el caso Malaya, en el que a Fernández se le achacaba inicialmente un delito de cohecho, por supuestamente, recibir «sobornos monetarios del principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca», para obtener resoluciones favorables.
