El exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado en el año 2006 tras destaparse los casos de corrupción, ha sido puesto en libertad por las autoridades argentinas bajo una fianza de 300.000 pesos (unos 14.000 euros), mientras se resuelve el proceso que se sigue para su repatriación.

Fuentes cercanas a su entorno han explicado a Efe que su libertad se hizo efectiva ayer a última hora de la tarde tras permanecer más de tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en la provincia argentina de San Juan.

Hasta que no se resuelva el proceso, Carlos Fernández tendrá la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y de pedir autorización para salir de la provincia, así como la prohibición de abandonar el país.

Varios juzgados españoles habían solicitado la extradición por la presunta comisión de diferentes delitos cuando era concejal en Marbella, aunque la justicia argentina poner limitaciones, ya que considera que algunos delitos están prescritos según la legislación del país.

El Juzgado Federal número 2 de la provincia de San Juan, con el magistrado Leopoldo Rago Gallo al frente, aprobó enviarlo a su país de origen por el llamado caso Saqueo II, en el que está acusado de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

La causa, que está en manos de la Audiencia Nacional, investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.

La representación legal del exedil ha recurrido y están a la espera de una nueva resolución al entender que, al igual que los otros procedimientos, el caso está prescrito.

Las fuentes han explicado que la familia está muy satisfecha y contenta y que sus padres ya se han desplazado hasta Argentina para estar con él en los días de Navidad.

Han indicado que, aunque fuese extraditado a España, mantendrán que el delito de malversación de caudales públicos que se le imputa al exedil en el caso Saqueo está prescrito.

Carlos Fernández, escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago pero que regresaba de inmediato si era requerido por la justicia, aunque esa fue su última llamada y desde ese día su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Dimitió de forma irrevocable de la secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación