Dos hombres han sido detenidos en Marbella por presuntamente estafar a personas mayores haciéndose pasar como revisores de gas. Los arrestados, junto a una tercera persona que también está siendo investigada, se hacían pasar por operarios de una conocida empresa para conseguir acceder a los domicilios de personas especialmente vulnerables por su edad a las que cobraron entre 330 y 761 euros. Hasta el momento, la investigación ha permitido esclarecer dos estafas.

Según ha informado hoy la Comisaría Provincial de Málaga, la investigación arrancó el mes pasado tras la denuncia de una mujer que aseguró que su madre había sido víctima de una estafa. La denunciante relató que dos individuos realizaron en la vivienda una revisión del gas y que los trabajadores, tras cambiar la alcachofa y el tubo de la instalación, hicieron firmar a su madre un contrato por importe que le generó un desfalco de 761,89 euros. Con esta información, los agentes realizaron varias pesquisas que les permitieron comprobar la existencia de otro hecho similar en otra vivienda de Marbella. Por esta razón establecieron un dispositivo específico para la localización y detención de los autores. El dispositivo culminó con la detención de dos vecinos de la provincia de Cádiz a los que se les atribuye hasta el momento la comisión de dos delitos de estafas, mientras que a un tercero se le investiga por su presunta implicación en un delito leve de estafa.

El modus operandi consistía en que los falsos revisores se personaban en los domicilios con documentación acreditativa, herramientas específicas y debidamente uniformados. De hecho, su ropa exhibía el logotipo de una supuesta empresa revisora del gas y además llevaban un datáfono para facilitar los pagos. Así hacían creer a las víctimas que se encontraban ante una revisión legal realizada por una empresa instaladora autorizada y personal cualificado. Informaban a los clientes de que el importe por la revisión era de unos 50 euros aunque en los casos investigados, a la hora de realizar el cobro el el importe oscilaba entre los 330 y 761 euros. En uno de los casos hicieron firmar un contrato a la víctima fraccionándole el importe, mientras que en el otro pagó en efectivo.